Golpe del Tribunal Constitucional a la política de vivienda de la Generalitat. El pleno del alto tribunal, celebrado este jueves, ha estimado por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad que interpusieron 86 diputados del Partido Popular contra el decreto-ley catalán que obligaba a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social a los okupas en una situación de vulnerabilidad.
El decreto fue aprobado por la Generalitat en 2019 y recibió duras críticas por parte del sector inmobiliario y de los partidos de la oposición. El Consejo de Garantías Estatutarias consideró entonces que el decreto era «irracional» y algunos de sus preceptos eran «arbitrarios». La norma define como «vivienda vacía» la que está ocupada ilegalmente y obliga a su propietario a ofrecer un… Ver Más
Source: ABC