El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, compareció ayer en el Congreso para aclarar sus propuestas sobre la reforma del sistema público de pensiones, después de unas semanas de fuertes polémicas a cuenta de la posible ampliación de 25 a 35 años del periodo de cálculo de la pensión. Polémicas que tensaron al máximo las costuras entre la facción económica del PSOE y la de Unidas Podemos y que terminaron con la exclusión de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de la presentación del último acuerdo para prorrogar los ERTE. Ayer, Escrivá reconoció haberse dejado llevar por la «frustación» que le ha generado la situación, pero lanzó un mensaje de cierto sosiego: «Pasemos página», dijo en varias ocasiones.
El ministro remarcó, en lo que pudo entenderse como una alusión a su socio de Gobierno, cómo el «ruido» ha tirado «por tierra el espíritu logrado en el Pacto de Toledo» en los últimos meses y criticó el daño que hace la vuelta de la polémica en torno a una materia tan sensible como la de las pensiones: «Ni nosotros, ni nuestros pensionistas nos merecemos esto», dijo Escrivá.
El ministro insistió en que el Gobierno no ha planteado a Bruselas ninguna propuesta en esta línea y que «los pensionistas actuales deben tener claro que ya nunca más van a tener en riesgo su poder adquisitivo». Escrivá sí que deslizó algún reproche al diputado del PP, Tomás Cabezón, a quien recordó que «precisamente para combatir las tentaciones partidistas se creó el Pacto de Toledo», lo que fue rebatido por el propio diputado, quien le aseguró al ministro que iba a encontrar «más fidelidad en el Partido Popular que en sus socios de Gobierno».
Las palabras de ayer de Escrivá eran muy esperadas entre sus señorías, pues su comparecencia fue la única que no obtuvo votos en contra en la Diputación Permanente del Congreso del lunes. La comparecencia, registrada por el PP, tenía como objeto aclarar la posible ampliación del periodo de cotización, lo que ayer negó Escrivá. Esta medida no se concreta en la documentación remitida por el Gobierno a Bruselas, aunque sí se deja la puerta abierta.
Según el documento remitido, el Gobierno plantea la ampliación de este periodo de cálculo, el destope de las bases máximas y la sustitución del llamado factor de sostenibilidad, actualmente en suspenso, por un «mecanismo de equidad intergeneracional» que tenga en cuenta otros factores además de la evolución de la esperanza de vida. También la vinculación de las pensiones al IPC, aproximar la edad efectiva de jubilación a la edad legal mediante el freno a las jubilaciones anticipadas e incentivos al retraso de la jubilación y descargar de gastos impropios al sistema para traspasárselos al Estado.
Source: ABC