El Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto Ley 37/2020 que amplía la suspensión de los desahucios de familias vulnerables hasta el final del actual estado de alarma, incluyendo las viviendas ocupadas donde habiten víctimas de violencia de género, personas dependientes o menores. En paralelo, los diputados han convalidado otros cuatro reales decreto ley y rechazado las enmiendas a la totalidad planteadas por PP, Vox y Ciudadanos a la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para limitar sus funciones cuando haya vencido el plazo legal para su renovación.
Una norma objeto de polémica porque, en su última versión, incluye dentro de la citada suspensión las viviendas ocupadas inmersas en un procedimiento judicial, si el acceso al inmueble se produjo sin intimidación o violencia. Para que sea posible esta suspensión no puede ser la residencia habitual o segunda residencia del propietario o de otra persona a la que se le haya cedido. Esta nueva norma afectará a los propietarios físicos o jurídicos de más de diez viviendas.
La Cámara Baja también ha dado luz verde a otros cuatro reales decreto como el referente al plan de ayudas a los negocios del sector turístico, la hostelería y el comercio; la ampliación de un crédito con cargo a deuda pública para indemnizar a los bancos por el almacén de gas Castor y otro relativo a la adaptación del ordenamiento jurídico español a la salida efectiva del Reino Unido de la Unión Europea desde el pasado 1 de enero.
Este último real decreto incluye la
prórroga del salario mínimo interprofesional (SMI)
de 950 euros mensuales, así como medidas para la adaptación de la Administración y cambios normativos para agilizar la ejecución de los fondos europeos contra la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.
La convalidación es un procedimiento habitual en el caso de los reales decretos, que a pesar de estar en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), cada decreto ley debe examinarse en el Congreso en el plazo de 30 días para su convalidación o, en caso de no obtener el respaldo de la Cámara, su derogación.
Todo ello, en un mes como enero que es un mes inhábil, pero el Congreso ha previsto un Pleno extraordinario para esta semana con el fin de examinar los últimos decretos leyes aprobados por el Gobierno el pasado año.
Source: ABC