La empresa Odyssey Marine Exploration (OME), conocida en España por el expolio de la fragata Mercedes, mantiene un serio litigio con el Gobierno de México de consecuencias impredecibles y posiblemente graves para el futuro del patrimonio cultural. La denegación de los permisos medioambientales necesarios para las actividades mineras de OME en los fondos marinos de las costas mexicanas de Baja California ha provocado que la mercantil cazatesoros demande a México por una cifra exorbitante de 3.540 millones de dólares. Si por azar o falta de adecuada respuesta recibe esa cantidad, OME se convertiría en uno de los gigantes mejor posicionados en torno a la explotación de los fondos marinos. A pesar de ser una empresa centrada en la caza de tesoros que engañó al Reino de España, que intentó –y casi logró– crear una crisis jurídica y política en el Estrecho de Gibraltar, todavía tiene cuentas legales pendientes en España, que no se han resuelto porque incomprensiblemente fue «perdonada» de facto, tras la victoria legal en EE.UU., por las autoridades españolas. Ahora no es improbable que aquella estructura herida reviva como una amenaza mayor sobre el patrimonio cultural subacuático hispánico.
El propósito de Odyssey era crear, frente a las costas de México, la mayor obra de ingeniería minera del mundo, en relación a la extracción de fosfatos, y ser el abastecedor principal de fertilizantes en los enormes mercados agrícolas de México, Estados Unidos y Canadá. En esencia el Proyecto Oceánica/Don Diego es un macroproyecto, por 50 años, de dragado continuo de 3029 Km2 del lecho marino, a 80 metros de profundidad, sobre tierras negras ricas en fosfatos, muy contaminantes (incluida la presencia de uranio o de torio), de enorme impacto como demuestra la experiencia en otros proyectos mineros similares, y frente aguas especialmente sensibles.
En ese contexto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (Semarnat) decidió rechazar el permiso ambiental para el proyecto. A partir de ahí, el gobierno mexicano ha mostrado una inexplicable falta de acción en una demanda que puede convertir al Tratado de Libre Comercio (Nafta) en una palanca eficiente para escapar de las garantías medioambientales de los Estados.
Sin embargo, un dato que podría cuestionar el derecho de la compañía norteamericana a ser titular de derechos mineros en México o incluso comprometer su propia situación legal y financiera en Estados Unidos, fue ocultado por OME. Esta circunstancia ha sido comunicada a los abogados norteamericanos de México (Tereposky & DeRose LLP ) y a los funcionarios responsables de ese país, por medio de un memorándum redactado por el abogado español José María Lancho. Para el diagnóstico de la situación de la empresa ha contado con la ayuda del auditor Antonio Granero y el especialista mexicano en derecho minero Mario Mejía.
El organismo supervisor del mercado de valores norteamericano y la propia regulación de contratación pública mexicana exigen que se proporcione determinada información relevante, cierta y objetiva de la empresa que garantice su solvencia y su realidad patrimonial y jurídica frente a terceros y socios. Las empresas norteamericanas que cotizan en bolsa deben emitir informes financieros periódicos de carácter público, donde deben informar sobre los litigios pendientes de la empresa, cuando el procedimiento judicial es importante (Artículo 103 de la Regulation S-K titulado «Procedimientos legales» y el Item 303 que refiere el abogado Lancho responsable de las acciones penales en España frente a la compañía cazatesoros por el expolio de la fragata Mercedes). Este marco legal obligaba a Odyssey, según Lancho, a informar de que en el Juzgado de Instrucción penal número 3 de La Línea de la Concepción existe un procedimiento criminal contra OME y sus directivos, por daños graves al patrimonio cultural, hurto y contrabando en un sumario que lleva el número de registro de Diligencias Previas 855/2007, que ha seguido abierto hasta ahora y especialmente activo durante los años 2012, 2013 y 2014, cuando la empresa cazatesoros estaba solicitando sus derechos mineros en México.
Odyssey ocultó en los informes la existencia de este grave procedimiento y no lo hizo accidentalmente, como revela el citado informe: estaba en una crisis financiera que hubiese obligado a acudir a un concurso de acreedores en España, con un fondo de maniobra negativo crónico que alcanzó 25 millones de dólares en 2012, 23 millones en 2011 y 16 millones en 2010. Es obvio que si la empresa hubiera hecho pública la situación no le habría sido tan fácil poder conseguir financiación para continuar su actividad. En 2019 el patrimonio neto negativo ascendía a 53.297.416 dólares y su capital social 221.027.057. (9.478.009 en acciones). En 2018, el patrimonio neto negativo era de 41.196.537 dólares. Una empresa con los antecedentes de OME, con cuentas penales pendientes en España y una situación financiera crítica podría obtener con la extraña e inverosímil indemnización de México que se cierra estos días en un arbitraje en Ottawa, Canadá, una bala de plata.
Source: ABC