La asociación que aglutina a los profesionales de los principales despachos de asesoría fiscal del país, Aedaf, ha emitido este viernes un contundente comunicado de condena por las formas empleadas por el Gobierno en los últimos días para arrojar sombras sobre la operación de traslado de la matriz de Ferrovial a los Países Bajos coincidiendo con la celebración de la Junta General de Accionistas en la que los propietarios de la compañía debían decidir el futuro de la operación. En un comunicado firmado por el Consejo Asesor Institucional de Aedaf, este habla de «inaceptable reacción del Poder Ejecutivo» , «veladas amenazas» y «misivas y comunicaciones intimidatorias» para tratar de «influir en los accionistas de esta sociedad». Noticia Relacionada estandar No Un accionista de Ferrovial: «Los ataques del Gobierno bordean la ilegalidad y son excesivos e improcedentes» Bruno Pérez Las intervenciones de accionistas en la Junta de Ferrovial rechazan los ataques de las autoridades españolas y exigen que se deje el futuro de la compañía en manos de los accionistas El consejo asesor de la asociación manifiesta su preocupación por que estas maniobras se hayan producido por «el anuncio realizado por una compañía privada de su propósito de ejercer la libertad de establecimiento en el mercado interior de la Unión Europea» que proclama el artículo 49 de su Tratado de Funcionamiento, algo que también fue invocado por uno de los accionistas que pidió la palabra en la Junta de Accionistas de este jueves, que subraya como «uno de los pilares sobre los que se asienta la construcción de un espacio jurídico común». No es el único principio legal que Aedaf considera que el Gobierno se ha saltado en los últimos días. Entiende también que «a través de declaraciones, misivas y comunicaciones intimidatorias realizadas por miembros del Gobierno tratando de influir en los accionistas de esta sociedad y cercenando así la libertad de empresa «, reconocida en el artículo 38 de la Constitución. El Consejo Asesor de la asociación también cree que «las veladas amenazas» formuladas tanto por la ministra de Hacienda , María Jesús Montero, como por la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández Doctor, respecto a la posibilidad de negarles la aplicación del régimen de neutralidad fiscal previsto para las adquisiciones y fusiones comunitarias en el Impuesto de Sociedades ponen «en entredicho la independencia de criterio y el compromiso de la Agencia Tributaria de actuar al servicio objetivo de los intereses generales», como le exige la Constitución.
Source: abc economia
2023-04-14