La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) ha impuesto 5,87 millones de euros en multas a 22 consultoras por el establecimiento de cárteles. «Las empresas intercambiaron información comercial sensible y se sirvieron de estrategias comunes para no competir cuando participaban en las licitaciones para ofrecer servicios de consultoria solicitados por distintas Administraciones Públicas», desgrana el organismo comandado por Cani Fernández.
La CNMC ha analizado hasta 200 contratos públicos celebrados entre 2008 y 2018 en lo que, detecta, han supuesto dos redes de colaboración, una norte y otra en el ámbito nacional. Entre las administraciones salpicadas figuran el Ministerio de Hacienda, de Trabajo, Economía, la Generalitat
valenciana, la Comunidad de
Madrid, la Junta de Andalucía, la Generalitat de Cataluña, el Gobierno vasco, el de Cantabria, la Junta de Extremadura, el Gobierno de Baleares, el de Canarias, la Junta de Castilla
y León, el Ayuntamiento de Bilbao o el de Santander.
Modus operandi
La CNMC relata que las relaciones de confianza personales y profesionales de algunos de los directivos, que en ocasiones habían sido compañeros de trabajo, facilitaron el funcionamiento de estas redes. «Entre ellos, se solicitaban asistencia y colaboración, de forma recíproca para manipular los contratos públicos lanzados por las distintas administraciones afectadas; bastaba con el envío de un correo electrónico por una de empresas de la red, que era aceptado sin más explicaciones por los destinatarios», subraya la CNMC.
Se trataban, explica el organismo, de contratos negociados sin publicidad, generalmente, en los que las administraciones invitaban a un número reducido de empresas para que presentasen sus ofertas en competencia. Una de las consultoras invitadas contactaba a otras empresas que también estaban en el proceso y l
es pedía que presentaran una oferta perdedora o que renunciase a presentarse. «En ocasiones, incluso la propia consultora que pedía la cobertura elaboraba las ofertas de sus supuestos competidores o preparaba la carta de renuncia a la invitación», apunta el organismo.
Mediante este sistema, de forma continuada, la CNMC señala que «se elevaron los precios que pagaba la administración por los servicios de consultoría» y «se impidió la participación de competidores ajenos a los cárteles». «Estas conductas impactaron de lleno en el erario público al ser contratos que se sufragan vía presupuestos», sentencia la institución.
Deloitte recibe la mayor sanción
Entre las sanciones, la mayor la recibe Deloitte, con 3,99 millones de euros, debido a que las sanciones se imponen según la facturación de las firmas; seguida de PriceWaterHouseCoopers, con 670.000 euros, e Idom Consulting, con 640.000. También figuran en el listado de multados KPMG con 50.000 euros y firmas como Altia Consultores (30.000 euros), Bmasi Strategy (153.529 euros), Competitividad, Desarrollo e Innovación (14.823 euros), Gestiona XXI Consulting (3.218 euros), Indra Business Consulting (27.000 euros) Red2Red Consultores (30.000 euros), Uliker-3 (11.040 euros), 97S&F (131.593 euros), Abay Analistas Económicos (12.499 euros), Factor Ideas Integral Services (20.000 euros), Gaps Politica i Societat (15.000 euros), Hidria, Ciencia, Ambiente y Desarrollo (11.979 euros), Red2Red Consultores (25.000 euros) y Regio Plus Consulting (33.744 euros). Hasta trece directivos de estas firmas reciben también sanciones de hasta 55.000 euros.
Source: ABC