Aún no hay fecha concreta sobre cuándo llegarán a las empresas, pero el Gobierno ha dado hoy luz verde al esperado paquete de ayudas de 11.000 millones, en un momento en que la economía sufre de lleno los efectos de la tercera ola que, según ha reconocido la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ya ha generado una «clara ralentización» de la recuperación en el primer trimestre de 2021. El nuevo plan de ayudas cuenta con un fondo de ayudas directas de 7.000 millones, de los que 2.000 millones serán solo para Canarias y Baleares, las dos comunidades más afectadas por la pandemia por su mayor dependencia del turismo, según los cálculos del Ejecutivo y que actualmente están gobernadas por el PSOE.
Los otros 5.000 millones irán al resto de comunidades autónomas y su reparto se establecerá, según ha avanzado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en base a los mismos criterios seguidos para la distribución del fondo europeo ‘React EU’, esto es, el impacto de la pandemia en la riqueza de la comunidad, el impacto en el desempleo y en el desempleo juvenil. Unos criterios, no obstante, que ya generaron críticas y polémicas entre las comunidades, especialmente por parte de Madrid, que acusó al Ejecutivo de «arbitrariedad».
Las ayudas se gestionarán, por tanto, desde las comunidades autónomas y a ellas se podrán acoger pymes y autónomos de 100 actividades económicas diferentes, que incluyen las que actualmente pueden acceder a los ERTE Covid aunque contempla también algunas nuevas. Estas podrán compensar, como máximo, el 40% de la caída de ingresos en el caso de pymes y micropymes, y hasta un 20% para el resto de empresas. Los autónomos que tributan en el sistema de módulos recibirán hasta 3.000 euros y las ayudas para el resto de las empresas serán de entre 4.000 y 200.000 euros, importes que podrán los Gobierno de Canarias y Baleares, aunque todo ello se hará dentro de los límites de ayudas de Estado fijados por Bruselas.
Según ha aclarado Calviño en la rueda de prensa tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, a las ayudas podrán acceder empresas con caídas de al menos el 30% de la facturación y se podrán dedicar al pago de gastos fijos, deudas de proveedores y al pago a otros gastos con acreedores financieros y no financieros. Se trata de evitar que «el sobreendeudamiento empresarial lastre la recuperación», según Calviño.
Junto a las ayudas directas, el plan incluye una línea de 3.000 millones que gestionará el ICO para aumentar los plazos de los avales y su importe. También se permitirá convertir los créditos en préstamos participativos y, como último recurso, dar transferencias directas a pymes y autónomos que permitar reducir el capital principal. Calviño ha anunciado que todo ello requerirá aprobar un nuevo Código de Buenas Prácticas con el sector bancario, en línea con el que hay ya para la concesión de las hipotecas.
La tercera pata del programa será el fondo de recapitalización de 1.000 millones, que será gestionado por Cofides y que complementa al fondo SEPI de 10.000 millones para grandes empresas. El de Cofides se destinará a reforzar el balance de empresas más pequeñas. La recepción de las ayudas implicará que las empreas deberán mantenerse activas hasta el 30 de junio de 2022 y que no podrán ni repartir dividendos ni subir sueldos de su alta dirección en dos años.
En cuanto al plazo en el que tanto empresas como autónomos pordrán empezar a cobrar a este paquete de ayudas, la vicepresidenta Calviño se ha limitado a remarcar que su intención es que lleguen «cuanto antes». Montero, por su parte, sí que ha puntualizado que su compromiso pasa por que las comunidades autónomas reciban la transferencia de estos fondos en un plazo máximo de «un mes y diez días», habiendo firmado previamente el correspondiente convenio, lo que aplaza la esperada fecha como mínimo al mes de mayo.
Se trata de un paquete ampliamente demandado por el tejido empresarial español y que ya han puesto en marcha países vecinos, como Italia, Alemania o Francia. Sin embargo, Calviño ha defendido que el Gobierno «se está adelantando» a las circunstacias con estas medidas que, resaltó, suponen un esfuerzo fiscal «sin precedentes» pues superan el 2% del PIB.
Source: ABC