Pistoletazo de salida para la próxima reforma del sistema de pensiones. Cuatro años y dos legislaturas después de iniciar sus trabajos, el Pacto de Toledo ha visto hoy revalidadas por el Pleno del Congreso las recomendaciones que sustentarán los cambios legales necesarios para garantizar la sostenibilidad del sistema. El apoyo de la Cámara ha sido unánime: se han sumado a él todos los grupos y solo han votado en contra los dos diputados anticapitalistas de la CUP, mientras que Vox, ERC, EH Bildu, Foro Asturias y el BNG han decidido abstenerse. Más allá de la letra pequeña del texto, la relevancia del acuerdo está en la unanimidad y el consenso logrado en torno a una reforma clave y que Bruselas sigue de cerca.
El Pleno ha rechazado los 19 votos particulares que habían presentado las formaciones políticas, en su mayoría por parte de ERC y Bildu. Así, el texto se aprueba sin modificaciones con respecto al documento que alumbró la comisión. Poner en marcha un plan de saneamiento de las cuentas -que incluye que el Estado aporte más fondos para sufragar las pensiones y se separen las fuentes de financiación eliminando los gastos que no sean directamente relacionados con las jubilaciones-, recuperar el IPC como referencia para las revalorizaciones anuales, mantener la ampliación propuesta en 2011 del número de años cotizados necesarios para calcular la pensión (hasta 25 en 2022), y valorar la posibilidad de elegir los mejores años de la carrera son algunas de las propuestas del documento.
La falta de ambición de las medidas ha centrado las críticas del mundo económico. Frente a la indexación con el IPC, una medida fuertemente criticada por los organismos internacionales por sus consecuencias sobre la sostenibilidad del sistema, el Pacto de Toledo sí que apremia al Ejecutivo a incentivar la aproximación de la edad real de jubilación y la legal y marca un plazo de tres meses para que se compensen los coeficientes reductores de las prejubilaciones. Se plantea analizar las prejubilaciones que se están produciendo actualmente y se da al Gobierno un plazo máximo de tres meses para plantear soluciones en aquellos casos de jubilación anticipada en los que haya inequidad. Igualmente se llama a incentivar los planes de pensiones de empresa frente a los individuales y a garantizar las prestaciones de viudedad a las parejas sin vínculos matrimoniales.
Respecto a los autónomos, se plantea que en el diálogo social se defina el nuevo sistema de cotización por ingresos reales, en lo que ya está trabajando el Gobierno. La pelota está ahora en el tejado del Gobierno. El documento con las recomendaciones deben concretarse ahora en cambios legales que cocinará el ministerio de Seguridad Social y que deberán ser consensuados con los agentes en la mesa del diálogo social. Precisamente el presidente de la CEOE, Antonio Garamandi, ha dicho hoy que el documento del Pacto es «una declaración de intenciones» y que ahora viene el diálogo social, que será donde los empresarios y los sindicatos hablen «de cómo se hace».
Qué se ha rechazado: reforma laboral, incentivos…
El documento ratificado hoy no ha sido modificado al haberse rechazado todos los votos particulares presentados. En total, habían registrado voto particular el PP, Esquerra Republicana, Ciudadanos, EH Bildu, Más País-Equo, Compromís y el BNG que solicitaban matizaciones, en algunos casos, y cambios radicales, en otros, que finalmente no serán tenidos en cuenta.
El PP planteó recuperar las deducciones fiscales de las que disfrutaban los planes privados de pensiones hasta que esté operativo el «súper fondo» colectivo planteado por Escrivá. Además, los populares reclamaban suprimir la crítica recogida en el texto a la gestión de planes privados de pensiones y que reclama más transparencia.
Ciudadanos pedía en sus dos votos incluir más incentivos a la jubilación activa y acabar con la penalización sobre la pensión. Eludiendo la mención a la «mochila austriaca», la formación naranja sí que pedía que se compatibilizara un modelo de aportaciones que se fueran acumulando durante la vida laboral y que podrían ser rescatadas en caso de desempleo o como complemento de la jubilación.
Los planteamientos más rupturistas han llegado de la mano de ERC y Bildu que han vuelto a reclamar la derogación de la reforma laboral y de pensiones, eliminar los sistemas complementarios, que la referencia para calcular las pensiones mínimas sea el 90% del salario mínimo, que la jubilación más allá de los 65 años sea siempre de carácter voluntario y el «destope» de la base máxima de cotización. Además, han reclamado que se calcule la base reguladora de la pensión con los 20 mejores años cotizados, punto que el documento únicamente se limita a proponer que sea estudiado, y la condonación por el Estado de la deuda contraída por la Seguridad Social en contraprestación por los gastos impropios asumidos por esta en los últimos años.
Por su parte, Más País y Compromís quería una redacción más clara respecto a la eliminación de las penalizaciones a los jubilados anticipadamente que acumulan carreras de cotización de más de 40 años y que pasaba por fijar una nueva pensión en función de su base contributiva y el número de años cotizados. También el BNG había pedido la vuelta a los 65 años como edad legal de jubilación, que la pensión mínima fuera del 60% del salario medio, cálculo de la pensión en base a los mejores diez años de cotización y el «destope de las bases máximas».
Source: ABC