Los problemas de liquidez de miles de inquilinos (familias, estudiantes, …)se agravan a medida que toma cuerpo la crisis económica. El Covid-19 se está convirtiendo en un auténtico test de estrés para el mercado del alquiler en España. La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval)alertaba esta semana quedurante el confinamiento (marzo-mayo)la morosidad se ha triplicado del 5 al 15% y, según su directora general Beatriz Toribio, «nos tememos que la situación se alargue si se los ERTE se convierten en ERE (Expedientes de Regulación de Empleo)y se cumplen las previsiones económicas». Yadvierte:«No puede ser que los propietarios sean los únicos que carguen con la mochila que deja la crisis por la pandemia». Su apuesta es «buscar soluciones para las dos partes y que los inquilinos puedan seguir accediendo a la vivienda». Además de reducir la morosidad y el colapso de la Justicia.
Para ello, explica Toribio, desde Asval proponen «un paquete de ayudas directas de 750 millones de euros destinadas a 350.000 familias (que serían unos 2.000 euros anuales), que dedican más del 48%de sus ingresos al pago del alquiler, cuando el esfuerzo recomendado por los expertos es del 30%». Un montante que, la portavoz de Asval, cree que podría venir de los fondos europeos que España recibirá de Europa:140.000 millones de euros en los próximos seis años.
Para el director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font, estamos «en una situación crítica, que demanda actuaciones excepcionales» y menciona la fuerte caída del PIB en el segundo trimestre (un 22,1% en tasa interanual, el peor dato desde que hay registros, según el INE). Por este motivo, ve necesario que «haya ayudas al margen de lo que hagan propietarios e inquilinos», y apuesta por apoyar directamente al segundo «en situaciones de riesgo de exclusión», aunque de forma «muy limitada en el tiempo». El objetivo:evitar una morosidad descontrolada y una multiplicación de los procesos judiciales.
Al respecto, apunta un dato importante:antes de la moratoria de los desahucios, aprobada al calor del estado de alarma y prorrogada hasta finales de septiembre. «el principal motivo u origen de los desahucios eran los contratos de alquiler». En concreto, en base a la estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 2019 se ejecutaron un total de 54.006 resoluciones judiciales ( o «lanzamientos») privando a una persona de la propiedad de un inmueble. De ellas, 14.193 tuvieron su origen en el impago de una hipoteca por 36.467 cuya causa estaría en la insatisfacción de un alquiler (Ley de Arrendamientos Urbanos). Los restantes 3.346 tendrían otros motivos. Por su parte, el Sindicato de Inquilinos, propone otras recetas que ha plasmado en la proposición de Ley cuya tramitación está paralizada en el Parlament catalán y que, entre otras disposiciones, prevé la obligación de congelar o bajar los precios de los nuevos contratos de alquiler de poblaciones catalanas de más de 20.000 habitantes .
Ayudas
El Gobierno prorrogaba el pasado 7 de julio medidas adoptadas durante el estado de alarma como la paralización de los desahucios hasta el 2 de octubre y los préstamos ICOal alquiler. Sobre este tipo de ayuda, el abogado de Legálitas Tomás de Felipe, destaca que «en realidad apenas llevan dos o tres semanas funcionando» y están sujetas a que la «situación de vulnerabilidad» (ERTE, desempleo, cese de actividad…) del inquilino se haya producido como consecuencia del Covid-19. «Se trata de préstamos a interés cero, a pagar de 6 a 10 años, que permiten abonar hasta seis mensualidades», apunta este abogado. Toribio (Asval) destaca que tras hacer un estudio sobre 30.000 viviendas, solo un 1,3%estaban interesados en estos préstamos. Para Font (Pisos.com) la razón podría estar en el miedo a entrar en una «espiral de deuda». .
Source: ABC