El empresario español Raimundo Santamarta, con más de 40 años vinculado a la industria farmacéutica a través de su compañía SM Pharma, ha presentado una notificación de arbitraje contra la República Bolivariana de Venezuela a través del Acuerdo para la Protección de Inversiones entre el Reino de España y Venezuela. En concreto, Santamarta ha reclamado una indemnización multimillonaria, no inferior a 200 millones de dólares, al Estado venezolano por lo que ha denominado como «una serie de medidas discriminatorias encaminadas a obstaculizar su negocio farmacéutico», según ha informado el bufete de abogados B. Cremades & Asociados.
Este empresario español ha argumentado que las autoridades venezolanas han llegado a decidir «la confiscación ilegal» de la planta de producción de SM Pharma situada en Maracaibo (Venezuela).
Como han recordado desde B. Cremades & Asociados la familia Santamarte comenzó a invertir en el país caribeño en la década de los años 70 desarrollando un relevante negocio farmacéutico por todo el país. Sin embargo, desde 2015 las autoridades venezolanas habrían venido obstaculizando sus actividades, a travé sde medidas «discriminatorias y arbitrarias, que condujeron a la toma de control operativo de SM Pharma y, finalmente, la confiestación ilegítima de los bienes de las sociedades del grupo». Lo que habría dado al traste con toda la inversión.
Un caso que tuvo su eco en un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores fechado el 9 de febrero de 201º9, titulado «España deplora confiscación de la fábrica farmacéutica SM Pharma». Exteriores rechazó de esta forma la expropiación de la fábrica fundada y dirigida por esta familia de empresarios de origen asturiano y tachaba las acciones de las autoridades venezolanas como de «violación del Estado de Derecho» y de una señal de «falta de seguridad jurídica existente en el país».
Además, desde el conocido bufete de abogados, se ha explicado que el pasado 17 de abril de 2019, Raimundo Santamarta, envió una carta de notificacióni de disputa a la República Bolivariana de Venezuela, en la que mostraba su consentimiento para iniciar un arbitraje internacional y alcanzar un arreglo amistoso. Lo que se habría tornado imposible y oblgado a dar un paso más interponiendo una reclamación de arbitraje. Un proceso que se iniciaría en base al Reglamento de Arbitraje CNUDMI dejando la decisión final en manos de tribunal arbitral.
En este sentido, desde B.Cremades &Asociados, han recordado que le Acuerdo para la Protección de Inversiones entre el Reino de España y Venezuela entró en vigor en 1997 y que Santamarta «no es el primer inversor extranjero que sufre un tratamiento discriminatorio por parte del Ejecutivo bolivariano». En este sentido, han recordoa que el sistema internacional de protección de inversiones ofrece a los inversores extranjeros la posibilidad e ir a los tribunales internacionales para pedir una compensación por sus pérdidas.
Source: ABC