El bloqueo, primero, y la liberación, después y en plena precampaña, de parte de la financiación de las Comunidades Autónomas ha originado una auténtica marejada en la Abogacía General del Estado. El Gobierno ha logrado finalmente el informe favorable al desbloqueo de los 4.700 millones de euros en concepto de entregas a cuenta retenidos mientras el Ejecutivo estaba en funciones pero ha tenido que ser avalado por la abogada general del Estado, Consuelo Castro, tras negarse el resto de representantes de los servicios jurídicos del Estado desplegados en el Ministerio de Hacienda. Según han confirmado a ABC fuentes cercanas al ministerio, los funcionarios pusieron de relieve su malestar por la utilización por parte del Gobierno. Una segunda fuente confirma que el informe habría sido elevado a la Abogada General del Estado después de que el documento remitido por el ministerio de Hacienda no suscitase consenso en los servicios jurídicos.
Los fondos autonómicos retenidos fueron este verano uno de los elementos de presión del ministerio de Hacienda para intentar facilitar la investidura de Sánchez, argumentando que solo un Gobierno con plenas funciones podía desbloquearlos. Pero el fracaso de las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos y la consiguiente convocatoria electoral ha terminado por poner en evidencia esta estrategia y ha dejado «a los pies de los caballos», según las mismas fuentes, a los servicios jurídicos estatales. De hecho, el bloqueo suscitó la denuncia de las comunidades afectadas, que tacharon de «chantaje» la actitud del Ejecutivo y algunas, como Cataluña, llegaron a anunciar medidas legales. Galicia fue la primera comunidad autónoma en demandar una solución y lo hizo antes incluso de que el Gobierno central estuviese en funciones.
Montero afirmaba entonces que su posición se respaldaba en un informe de la Abogacía General del Estado, aunque días después tuvo que reconocer que aún no existía tal documento pero que lo recibiría «en breve». Sin embargo, el Gobierno cambió su postura ante la convocatoria de las elecciones lo que le hizo necesitar un nuevo informe de los servicios jurídicos, aunque con la tesis contraria.
Desde el Gobierno explican ahora que, al estar en funciones, el mecanismo consistirá en un decreto ley. Pero aunque se apruebe esa norma consideraban necesario el visto bueno de la Abogacía del Estado para lo que pretendían hacerles llegar un informe para «convencer» a los servicios jurídicos de sus pretensiones. Dos son las premisas que el Gobierno pretendía argumentar: que la decisión que se tome no compromete al Gobierno entrante y que el decreto responde a una necesidad perentoria, criterios que el Ejecutivo interpreta que ahora mismo sí se cumplen. Respecto al primero de ellos, el Gobierno pretendía que la Abogacía del Estado no comparase esta situación con otras decisiones de gasto que puedan comprometer a un nuevo Ejecutivo.
El segundo elemento consistía en justificar la urgente necesidad del desbloqueo de fondos. El Gobierno ha utilizado la complicada situación de dos regiones en concreto, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, que pueden entrar en breve en una situación de graves problemas para atender a sus gastos más básicos. Esa situación de previsible colapso financiero ha sido uno de los argumentos que el Gobierno utilizará para justificar su actuación, para apuntalar el criterio de «interés público y urgente necesidad», que debe figurar en el informe anexo que acompañaría al decreto ley. La fórmula final, no obstante, todavía no estaba definida hace unos días, pero pese a ello Sánchez ya lo anunció durante un mitin de partido en la Comunidad Valenciana, la región más afectada por esta falta de fondos. Se da la circunstancia que cuando Sánchez hizo ese anuncio, Hacienda todavía no había terminado de preparar esa argumentación para convencer a la Abogacía.
«En los próximos días»
Fuentes parlamentarias aseguran que el decreto puede aprobarse este mismo viernes y, de hecho, Pedro Sánchez ha asegurado que ya tiene en su poder «todos los informes» que le permitirán desbloquear las entregas a cuenta y que podrá hacerlo «en los próximos días». Como fuere, ese decreto ley tendría que ser posteriormente convalidado por la Diputación Permanente del Congreso. En el Gobierno son conscientes de que hacerlo en este periodo suscitará críticas, por electoralismo y por su rotunda negativa anterior, pero se confía en que el apoyo del PP, ante las necesidades de sus regiones, y las de las propias comunidades evite que la polémica se extienda.
No obstante, los populares fueron muy críticos con la actuación del Ejecutivo en este caso. «Supone la utilización partidista de un órgano consultivo como la Abogacía del Estado y un grave deterioro de los servicios públicos sociales educativos y sanitarios en las comunidades. Es una irresponsabilidad», denunció en su momento el portavoz económico del PP, Mario Garcés.
No es la primera vez que un conflicto en la Abogacía del Estado en torno a los planes del Ejecutivo obliga a que tenga que ser su máximo responsable quien firme el informe que cumpla con los designios del Ejecutivo. Ya sucedió con el escrito de conclusiones provisionales en la que la Abogacía del Estado optó por no acusar por rebelión en el juicio del 1-O y rebajó el tipo penal a sedición. En aquella ocasión tuvo que ser la Abogada General, Consuelo Castro, quien firmase el escrito de acusación en lugar del responsable penal de la Abogacía del Estado, que era Edmundo Bal.
Fuentes oficiales del ministerio de Hacienda aseguran que el informe «se ha remitido por el canal habitual» y que «en todos los preparativos han estado presentes los abogados adscritos al ministerio». Por su parte, fuentes oficiales del ministerio de Justicia aseguran que «nadie ha hecho llegar el malestar a la Abogacía del Estado y que nadie se ha negado a firmar el informe» y explican el hecho de que se haya elevado a la Abogacía General por la «especial complejidad» del caso.
Source: ABC