Dicen que del amor al odio hay un solo paso. Y en los negocios, también. Y ante desavenencias insalvables si no hay acuerdo «amistoso»… divorcio ante el juez. Así está la relación entre la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, y el que pudiera haber sido su nuevo consejero delegado este mismo año, Andrea Orcel. Difícil solución parece tener una separación entre ambos banqueros que, tras una larga amistad de más de 20 años, comenzó a fraguarse hace prácticamente un año, tras un verano cargado de negociaciones de tú a tú. Hoy, entre demandas y cruce de acusaciones para desprestigiar al contrario, la pelota no está sobre el tejado de ninguno de los protagonistas. Cada cual intenta cargarse de razones en un pleito que no está nada claro, ni a favor de ninguno. La defensa de ambos está en la base jurídica que cada cual le da al contrato de la discordia.
Porque más allá de las causas de la ruptura —desconfianza latente de algunos miembros del consejo del banco que temían «haber metido al zorro a cuidar a las gallinas»—, el grueso del pleito gira en torno a la carta-oferta que Santander y Orcel firmaron en septiembre de 2018, cuando se anunció pública y precipitadamente el fichaje del banquero italiano.
Según los abogados de Botín, el Santander nunca llegó a materializar la contratación de Orcel como consejero delegado. Aseguran que el nombramiento, así como los principales términos de las condiciones económicas incluidas en el correspondiente contrato, estaba sujeto a la aprobación de la junta general de accionistas fijada para abril de este año. Pero el Santander se echó atrás. El consejo de administración del 15 de enero decidió no continuar con la contratación de Orcel, una vez roto el pacto con Botín solo una semana antes.
El Banco sostiene que actuó en todo momento de buena fe y que Orcel no. El nombramiento se anunció el pasado 25 de septiembre tras un exhaustivo proceso de selección. Según el Santander, el directivo, que estaba entonces en UBS y tenía una compensación diferida de 50 millones de euros, se comprometió a negociar con el grupo suizo para que se hiciera cargo de parte de su remuneración. Como máximo dejó claro que pagaría 35 millones.
La entidad financiera sostiene que, basándose en la Ley, no era un contrato y que, para que lo fuera, se tenían que cumplir una serie de condiciones. Entre estas, que Orcel rebajara el coste de hasta 35 millones que Santander estaba dispuesto a compensar por el bonus que iba a perder de UBS, y que esta entidad pagara siempre el 50% de esta remuneración. Es decir, si UBS abonaba finalmente 20 millones, Santander pondría otros 20.
Pero, como apuntaba, más allá de las disputas sobre la compensación diferida, el punto central de la contestación del Santander es que el contrato nunca se materializó. En este sentido, la prueba documental aportada por Orcel, según los abogados del banco, carece de valor. La entidad defiende que la carta oferta no es el contrato que exige la Ley de Sociedades de Capital y ni ese nombramiento fue efectivo ni el contrato entre las partes quedó perfeccionado, pues estaba pendiente de la negociación y acuerdo sobre uno de sus elementos esenciales, como es el de la retribución diferida, además de la ratificación por la junta de accionistas.
Por los tiempos manejados, alguien —¿Orcel?—pensará entonces que la mala fe la tuvieron otros porque no dio tiempo a proponer en junta un cambio a más en el tope de la remuneración de directivos para hacer efectivo y perfeccionar el contrato. A cambio además, ese 7 de enero, para evitar llegar a mayores, a Orcel se le propuso formar parte, más o menos, de la familia Santander… pero no en el lugar prometido, presidiendo quizás alguna filial o sociedad dependiente del grupo. Poca gracia le hizo al banquero tal planteamiento, y sugirió, aún de buenas maneras, sin pleitos a la vista, que eso no era lo hablado «entre amigos» en plena Gran Manzana neoyorquina casi un año antes.
¿De verdad pensaban que un ejecutivo con la trayectoria del italiano se iba a conformar con una degradación pública de galones y aquí paz y después gloria? Su imagen y reputación ha quedado dañada, dijo.
Orcel, que no quiere ni oír hablar del famoso dicho jurídico de «mejor un buen acuerdo que un pleito», asegura que se le hizo una oferta en firme y que por ello dejó su cargo en UBS. Para ello, fuentes cercanas al proceso apuntan que los representantes legales del directivo presentarán ante el juez dicho documento que lo acredita, basará su defensa en que es un contrato amparado bajo el código civil, diversos emails cruzados y varias grabaciones con Botín que lo corroboran. Si es lícito o no o tomado en cuenta lo decidirá un juez. Lo de menos para él —si bien, según fuentes jurídicas, más de cien millones de euros es una barbaridad— es la indemnización.
Quizás los tiempos fueron los equivocados, y Botín debió plantear primero ese cambio en la política de retribuciones del banco para después anunciar el fichaje de un nuevo CEO, eso sí una vez propuesto al consejo y sopesando el parecer de todos ellos. Porque habiendo hecho las cosas como se han hecho deja una herida abierta en toda la línea de flotación de la entidad. Dudas sobre un gobierno corporativo coherente y solvente capaz de resolver con éxito y rapidez este tipo de decisiones. La relevancia de la reputación como diferenciador competitivo que genera valor para las empresas es indiscutible. Y la experiencia demuestra que la gestión de la crisis en sus primeras 48 horas determina claramente la diferencia entre salir ileso, tocado o hundido del «desastre». La latencia entre reputación y solvencia tarda en estallar pero cuando lo hace es mínima.
Por ello, dicen fuentes financieras, puede quedar igualmente tocada, que no hundida, la capacidad de liderazgo de una cuestionada, por algunos accionistas, presidenta que ha infravalorado a su contrincante. Decía Maquiavelo que «una batalla ganada hace olvidar todas la otras malas acciones, pero si la pierdes serán inútiles todas las cosas que se hayan hecho bien antes».
Source: ABC