El Gobierno ha puesto el foco sobre los pisos turísticos. Primero anunció una modificación de la ley de propiedad horizontal para que las comunidades de vecinos no necesiten unanimidad y les baste una mayoría de tres quintos para poder vetar estos inmuebles. Después excluyó estas viviendas de la ley de arrendamientos urbanos para que no quepa duda de que deben someterse a la regulación turística de cada comunidad autónoma. Y ahora, el Ejecutivo ultima un registro único a nivel nacional para monitorizar la actividad de estas viviendas.
Desde el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio apuntan que esta medida se pondrá en marcha de forma «inminente». Además, para articular la medida de manera más efectiva, se está estudiando la posibilidad de que estos inmuebles cuenten con una «matrícula» que agilice su identificación.
El objetivo de esta medida es controlar de forma más exhaustiva la actividad de estos pisos para asegurar que están cumpliendo la normativa vigente. Este registro se complementará con otras fuentes de información, como las transacciones de los propietarios de estos inmuebles que desde el 1 de enero deben compartir plataformas como Airbnb con el Ministerio de Hacienda. Datos que permtirán al Ejecutivo conocer incluso la duración de cada estancia. «La intención es aunar en una misma plataforma toda la información disponibles», señalan desde Turismo.
La iniciativa, que todavía podría sufrir alguna variación, está siendo estudiada desde hace varios meses. Incluso se especuló con la posibilidad de que se incluyera en el decreto sobre medidas relacionadas con el alquiler que aprobó el Gobierno el pasado 14 de diciembre. Finalmente este solo excluyó a los pisos turísticos de la ley de arrendamientos urbanos, una medida considerada insuficiente por el sector turístico.
Bajo la lupa de Competencia
Las viviendas de uso turístico han vivido un auténtico «boom» en los últimos años. Un crecimiento que ha despertado los recelos del sector hotelero y el inmobiliaro, ya que numerosos expertos apuntan que estas viviendas limitan la oferta del alquiler y, como consecuencia, tiran al alza los precios.
Como respuesta, los ayuntamientos y las comunidades han impulsado una amalgama de nuevas leyes enfocadas a frenar su proliferación. Normas que van desde la prohibición del uso turístico de viviendas plurifamiliares (Palma) hasta la imposición de que estos inmuebles no se localicen en determinadas plantas (Bilbao). También se han creado registros, aunque de ámbito local o, como mucho, autonómico.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que considera que el impacto de los pisos turísticos en los precios de la vivienda es limitado, ha cuestionado este aluvión normativo. De hecho, ha llevado varias leyes a los tribunales por considerarlas contrarias a la competencia. Sobre la posibilidad de imponer un registro nacional, fuentes de la CNMC señalan que este «debería ser voluntario, nunca obligatorio».
Source: ABC