El Consejo de Ministros dio luz verde este viernes para que las autonomías puedan regresar al mercado de capitales para financiarse. La medida, que arranca con
el consentimiento a Andalucía, era algo con lo que se venía especulando desde el mismo nombramiento de María Jesús Montero como responsable de Hacienda
, ya que en varias ocasiones, desde la oposición y como consejera de la región, había sido una de sus reivindicaciones más repetidas a su antecesor en el puesto, Cristobal Montoro.
Sin embargo, dada la apretada agenda del Gobierno y al periodo estival entre medias, no ha sido hasta ahora cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha podido dar su autorización para que Andalucía formalice préstamos a largo plazo y emita deuda pública por un importe máximo de hasta 600 millones de euros.
Esto se produce después de que el pasado 5 de julio la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos firmara un acuerdo en el que se establece el procedimiento para la salida gradual a los mercados financieros de las comunidades que se encuentra bajo el paraguas del Fondo de Liquidez Autonómicas (el llamado por sus siglas FLA). Con esta medida Andalucía cubriría las necesidades de financiación para el cuarto trimestre de este ejercicio.
Y es que con el nuevo Gobierno socialista, las comunidades autónomas que necesitasen y quisieran salir a los mercados durante el actual ejercicio debían presentar a los ministerios de Hacienda y de Economía un Plan Plurianual de Endeudamiento (PPE) antes del 31 de julio, que cubra el periodo comprendido entre el tercer trimestre de 2018 y diciembre de 2021. Solo Andalucía y Baleares lo han hecho.
Hasta el 30 de noviembre
Para aquellas autonomías que quieran acudir al mercado a partir del próximo 2019 tienen de plazo hasta el 30 de noviembre de este ejercicio para presentar un plan que cubra los tres años sucesivos.
De igual modo, el Consejo de Ministros autorizó ayer a la Comunidad de Madrid a formalizar préstamos por valor de 503,12 millones de euros para financiar a largo plazo el objetivo de déficit de 2018. En el caso de la Comunidad Valenciana, el Ejecutivo también decidió que la región pueda formalizar operaciones de deuda a largo plazo por cuantía máxima de 300 millones. El objetivo es refinanciar préstamos de los mecanismos de financiación del Estado contraídos en los ejercicios 2012 y 2013, aprovechando así la caída de los costes de financiación. En este caso, el endeudamiento se mantendrá sin cambios pues se trata de refinanciación.
Source: ABC