La reunión convocada por Yolanda Díaz para explorar las impresiones de sindicatos y empresarios sobre la reforma inminente de las prestaciones a parados se zanjó este lunes con un sabor agridulce para el Ministerio de Trabajo, que han pisado el acelerador legislativo para lanzar cuanto antes estos cambios, que acumulan ya un retraso de un año desde que venció el plazo para su aprobación pactado con Bruselas. Díaz no ha logrado convencer a los agentes sociales de la reforma que ha planteado para el subsidio de paro y de unos cambios que han provocado el primer enfrentamiento de la legislatura en el Gobierno, entre la titular de Trabajo y la de Economía, Nadia Calviño , partidaria de unas modificaciones más restrictivas de las ayudas asistenciales, que están dirigidas a buscar empleo. Y en esta batalla se ha posicionado claramente la organización que dirige Antonio Garamendi , que en la mesa de negociación ha reclamado «una propuesta conjunta del Gobierno» para poder negociar, según han precisado a ABC fuentes de la negociación. La CEOE ha trasladado al Ministerio de Trabajo que las modificaciones presentadas sólo vienen de una parte del Ejecutivo, de Díaz, y que en este escenario los empresarios prefieren esperar a conocer una propuesta única y consensuada con Economía, una oferta conjunta del Gobierno . La organización empresarial, no obstante, está más alineada con las exigencias de Nadia Calviño, de diseñar unos cambios más restrictivos que permitan incentivar la búsqueda de empleo de los parados, en lugar de basar la reforma comprometida con Bruselas en mejorar los subsidios. Aunque la reunión transcurrió con un ambiente constructivo, los sindicatos UGT y CC.OO. trasladaron al gabinete de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, su disconformidad con partes fundamentales del decreto ley que ya ha enarbolado el equipo técnico de la ministra para llevar de forma inminente al Consejo de Ministros, principalmente por el lado de las cuantías, que pretenden llevar hasta el entorno del 50% del sueldo medio en el caso del subsidio por desempleo, que equivaldría a unos 900 euros al mes, mientras que exigen igualmente que la prestación contributiva del paro escale hasta el nivel del salario mínimo interprofesional (SMI), ahora en 1.080 euros al mes (en catorce pagas) y que podría escalar hasta los 1.121 euros teniendo en cuenta el punto de partida de Trabajo de incrementar la cuantía como mínimo un 3,8% para garantizar así la conservación del poder adquisitivo de los 2,3 millones de trabajadores afectados por la medida. Con todo, desde el Gobierno confían en el avance de las negociaciones. Mientras que los sindicatos aseguran que enviarán sus apreciaciones para «mejorar» el texto, igualmente admiten no saber si la intención del gabinete de Díaz es abrir un proceso de negociación para introducir aspectos que puedan dar una vuelta de tuerca al planteamiento expuesto y recogido en el real decreto ley de simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo avanzado por ABC hace escasos días. Fuentes oficiales señalan a este medio que durante la reunión de este lunes se abordó el texto enviado por el Ministerio de Trabajo «en un ambiente muy constructivo». Y aseguran que mientras las organizaciones sindicales han mostrado su disposición a hacer aportaciones , son las organizaciones empresariales han demandado más tiempo para estudiar el texto de cara a plantear eventuales modificaciones. Bajo este prisma, desde UGT confirman que la intención de los sindicatos es trasladar una propuesta de modificaciones el próximo 11 de diciembre, a más tardar. Persiste el choque en el Ejecutivo Horas antes de que el Ministerio de Trabajo se reuniera con empresarios y sindicatos para intentar convencerles de las bondades de la nueva reforma del subsidio de desempleo, la vicepresidenta segunda y titular del departamento, Yolanda Díaz, aseguraba que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño «defiende un modelo de recortar derechos» a los cerca del millón de personas que pasarían a percibir este subsidio , que se activa solo cuando el beneficiario no tiene derecho a una prestación contributiva. Eso sí, Díaz tildaba el choque entre titulares de «desencuentro amable», aunque sí reconocía que había una «batalla ideológica» entre ella y Calviño. En la primera batalla interna del Gobierno de coalición que enfrenta a ambas vicepresidentas del Gobierno se ha impuesto por el momento Díaz, según el detalle del proyecto de real decreto ley que ayer presentó a los agentes sociales, en el que se extiende el subsidio a los menores de 45 años sin responsabilidades familiares , siempre que hayan agotado una prestación contributiva de 360 días, a quienes acrediten periodos cotizados de menos de seis meses, pese a no tener cargas, y se incorpora al personal eventual agrario -los sindicatos celebran la inclusión de este colectivo añadiría a unos 400.000 beneficiarios del subsidio asistencial-. Además de reestructurar la ayuda, que pasaría a ser de 480 euros de forma lineal, a una versión de la misma pero decreciente. De modo que la cuantía del subsidio previsto por el Ministerio de Trabajo comenzaría en 660 euros en el primer tramo , 540 euros en el segundo y quedaría en 420 euros hasta su extinción, que en el supuesto máximo continuarán siendo 30 meses. Calviño defendía una rebaja de la ayuda para incentivar la búsqueda de empleo. Según añadían fuentes sindicales, estas cuantías no servirían para la consecución del objetivo suscrito con la Comisión Europea en el componente 23 del Plan de Recuperación de extender y simplificar la ayuda con unos niveles oportunos.
Source: abc economia
2023-12-04