Seguridad jurídica

En honor a la verdad, cuando Ferrovial anunció su mudanza nunca dijo que España careciera de seguridad jurídica. En su comunicado a la CNMV se limitó a afirmar que los Países Bajos «tienen una calificación crediticia AAA y un marco jurídico estable». Pero sí es cierto que su presidente, Rafael del Pino , la había mencionado el 10 de enero de 2023 en el Foro ABC ante Alberto Núñez Feijóo: «Hablando como empresario creo que debemos volver a convertir a España en un destino atractivo para invertir y en imán del mejor talento, y para ello necesitamos un marco laboral competitivo y seguridad jurídica en todos los ámbitos». El Gobierno sigue usando esto como justificación del catálogo de torpezas con que ha intervenido en este episodio, argumentando que aquí no falta seguridad jurídica . Veamos el fondo del asunto: ¿Hay alguna razón para que los empresarios sientan que no hay certeza en el marco legal? Claramente sí. Con Sánchez, sus caprichos legislativos se han convertido en norma de actuación. Por mor de la emergencia, el Gobierno goza de bula para prohibir o autorizar ciertas operaciones empresariales. Y sin emergencia alguna, establece impuestos cuando le da la gana y sobre los sectores que mejor se adaptan a su perfil de votante. Sánchez ha decidido gobernar en cuestiones trascendentales por decreto ley, un rasgo distintivo de las autocracias, recurriendo a un artificio que es la convalidación en las Cortes, artimaña en la que al menos en una ocasión encontró el apoyo de Vox. Cuando a finales de este año se disuelvan las Cortes, decaerá la tramitación de los proyectos que convalidaron los decretos y la voluntad desnuda del Consejo de Ministros formará parte del Derecho español con igual legitimidad que las normas que se han adoptado con arreglo al espíritu de las leyes. Y no son cuestiones menores: la gestión de los fondos europeos es una y la reforma de las pensiones es otra. A esto hay que añadir la degradación de la calidad de los proyectos legislativos que son tratados como tales (se evitan los informes de los órganos consultivos, por ejemplo), se torean las exigencias de transparencia, se desprestigia el trabajo de las instituciones independientes, se juega con el Código Penal… Y como dice Jesús Alfaro (@DerechoEspaña), «se ha perdido el respeto a la inconstitucionalidad» porque todo lo que acaba en el Constitucional, cuela. Todo esto lo ha hecho Sánchez pero no empezó con él. Cuando Del Pino habló de esto lo hizo ante el líder del PP. Y había una razón para ello: en 2014, el Gobierno de Rajoy atentó contra la seguridad jurídica cuando aplicó un drástico recorte a la rentabilidad de las energías renovables. Sí, la remuneración era excesiva y también había una emergencia, pero quizá el camino era otro. Hoy, el Falcon de Sánchez puede ser embargado por el impago de unos 1.200 millones en indemnizaciones que son fruto de los laudos de las cortes de arbitraje donde España fue denunciada por este motivo. Y el actual Gobierno se jacta de no haber pagado. jmuller@abc.es
Source: abc economia