De acuerdo al registro realizado por FundaRedes en su “Informe de Contexto Fronterizo” del mes de septiembre, la frontera continúa siendo una ruta de escape para cientos de venezolanos que buscan mejores oportunidades de vida. Sin embargo, en medio del tránsito masivo de personas, la frontera se ha convertido en el territorio de disputa y aberrantes crímenes por parte de grupos armados irregulares y bandas criminales.
La gravedad en el aumento de vulneraciones de DDHH, ha ocasionado que el índice de presuntos enfrentamientos armados se incrementara un 183% en comparación al mes de agosto, pues de seis (6) casos registrados en ese lapso se elevaron a diecisiete (17) en el noveno mes del año, dejando como saldo veintiuna (21) personas fallecidas. Los estados Zulia, Bolívar y Táchira destacan como las entidades más violentas.
Los actos violentos que ha registrado FundaRedes en cada una de sus investigaciones son, homicidios, secuestros, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, actividades relacionadas con el narcotráfico, esclavitud moderna, enfrentamientos por el control del territorio, minería ilegal, daño al ambiente, abuso de poder contra la población indígena y la vulneración del derecho a la educación.
Con base en este proceso sistemático de documentación que se ha desarrollado, durante el mes de septiembre la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas (ONU), presentó un nuevo informe donde constató los crímenes de lesa humanidad en el país, destacando entre muchos otros, la participación de agentes de seguridad del Estado, así como el caso de Javier Tarazona, director general de FundaRedes, en cuanto a la violación de derechos humanos evidenciada en el país.
A través de las distintas incidencias realizadas por FundaRedes, se registró que los pueblos indígenas en Venezuela continúan en situación de vulnerabilidad, el hambre y la malnutrición junto al desplazamiento forzado de sus tierras por parte de los GAI, ha llevado a más de 300 indígenas waraos del estado Delta Amacuro a permanecer en situación de calle.
Estados fronterizos en alerta permanente
Los estados Falcón, Zulia, Táchira, Apure, Amazonas, y Bolívar, forman parte del monitoreo realizado por investigadores de la organización, detallando en el informe de contexto fronterizo, que en el mes de septiembre, el Alto Apure tuvo un importante desplazamiento de sus habitantes hacia Colombia, por la incursión de actores violentos que, en una situación irregular de guerra no oficializada, han causado graves daños a la población civil, con saldos importantes de afectaciones a la libertad, propiedad e incluso el derecho a la vida.
El estado Zulia, sigue posicionado como la entidad más violenta del país, en septiembre predominaron actividades de secuestro con fines extorsivos. Hechos violentos dirigidos mayormente hacia empresarios y comerciantes.
Es en el estado Táchira, donde los GAI han tomado el control de los numerosos pasos ilegales ubicados en zonas de frontera, allí prevalecen homicidios, desapariciones, trata y tráfico de personas. Por ende, FundaRedes tenía registrado un total de 118 desaparecidos en esta región, resaltando que los municipios con más de estos hechos son Bolívar, Pedro María Ureña, Ayacucho y García de Hevia.
Por su parte, la apropiación de los espacios pertenecientes a los grupos étnicos ancestrales en los estados Amazonas y Bolívar, es usado por bandas delictivas para la extracción de minería ilegal, delitos que han contado con la mirada silente del Estado.
Es importante resaltar que, las ejecuciones extrajudiciales continúan incrementándose en el estado Bolívar, por lo que durante el mes de septiembre se registró la muerte de dos supuestos integrantes de la banda “El Tren de Guayana”, asesinados presuntamente durante un operativo realizado por efectivos de la GNB y la DGCIM.
Asimismo, esta región se ha visto afectada por la intromisión de los (GAI), quienes condicionan el derecho a la salud en el Arco Minero del Orinoco (AMO), información que se documentó en el informe del Observatorio de Ambiente de FundaRedes, afirmando que las agrupaciones delincuenciales y terroristas, han asumido las funciones gubernamentales en algunas zonas mineras en cuanto a la asistencia médica, dotación de insumos y medicamentos, pago de personal médico y de enfermería, hospitalización, entre otros servicios, mermando la calidad de vida de la población.
En el estado Guárico, así como en Delta Amacuro y Monagas, sus pobladores se enfrentan al dominio del territorio, ya que estas zonas constituyen para las organizaciones criminales, una posición estratégica para la movilización de mercancías ilegales, así como el incremento del porcentaje de migración de jóvenes Waraos hacia Trinidad y Tobago. Al menos 8 de cada 10 han migrado hacia la isla.
No es suficiente el conflicto fronterizo… La educación decae bruscamente
En cuanto al sistema educativo venezolano, afectado por la desidia que demuestra el Estado, FundaRedes documentó que las universidades se enfrentan a un sistema represivo, puesto que no se les solicita desde hace años, un anteproyecto de presupuesto, sino que el Estado impone un monto de forma arbitraria y unilateral, esto como una de las tantas irregularidades que vive la educación en medio de una emergencia humanitaria compleja.
Sumado a esto, son seis universidades las que, en el mes de septiembre, fueron multadas por parte del (TSJ) por demandar la nulidad y desaplicación de un tabulador salarial atribuible a la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), entre las afectadas están ULA, UCV, UDO, UNEXPO y UPEL, las cuales, al ejercer su derecho de acceso a la justicia, exigían el respeto a los derechos inherentes para los docentes del país que corresponden por ley.
Irrespeto que también se ha visto reflejado en planteles de educación primaria y media diversificada, con las precariedades en infraestructura, dotación de elementos de enseñanza y de aprendizaje idóneos, así como el déficit sostenido en la prestación de los servicios públicos.
La desatención por parte del Estado, en las áreas que garantizan al ciudadano calidad de vida, así como la permisividad de bandas delincuenciales y grupos armados irregulares, que muchas veces en complicidad con agentes del Estado, han logrado adentrarse en puntos geográficos estratégicos, han provocado el aumento de vulneraciones sistemáticas a los DDHH, pese a las constantes denuncias e incidencias realizadas por FundaRedes y otras organizaciones de la sociedad civil, demostrando así su incapacidad en cuanto al diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas efectivas, que pongan fin a la emergencia humanitaria compleja que atañe a los venezolanos.
Nota de prensa