Nadie duda de que en España, en Europa y en el mundo en su conjunto estamos viviendo una situación excepcional. La subida de precios sin precedentes del petróleo y el gas, que ya se ha trasladado al resto de la economía, está ahogando a muchas familias, especialmente a las más vulnerables. Y es normal que los políticos, a los que hemos elegido los ciudadanos para resolver nuestros problemas, busquen soluciones para una situación que se está alargando más de lo previsto y que no sabemos cuánto va a durar. Y también es cierto que situaciones excepcionales pueden necesitar respuestas poco convencionales. El problema es que llevamos ya mucho tiempo de excepcionalidades. El estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera fueron excepcionales. La pandemia fue excepcional y la guerra en territorio europeo sin duda, también lo es. Y en todas estas situaciones hemos reaccionado con medidas extraordinarias , tirando de chequera pública, recortando libertades, interviniendo el mercado y la economía, y todo ello puede llevarnos a pensar que medidas que pueden tener sentido si se aplican de manera muy puntual y limitada en el tiempo, corren el riesgo de perpetuarse. Y lo que es más peligroso, corremos el riesgo de pensar que lo excepcional es lo normal. En este escenario asistimos a la última ocurrencia de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz , que tiene encendidos a algunos de los miembros de su propio Gobierno: la intervención de los precios de la alimentación. Quiere incluso, al más puro estilo del comunismo bolivariano crear cestas de la compra con un precio fijo… El ministro de Agricultura, Luis Planas, se ha manifestado desde el primer momento en contra de esta medida. «Nadie tiene en su mano, ni desde un punto de vista del sentido común, ni desde un punto de vista de la ley, la posibilidad de fijar precios o indicarle precios a la distribución. Es una cuestión que tiene que hacerse de acuerdo con las reglas del funcionamiento de la sociedad de nuestro mercado y de las reglas de la propia Unión Europea«, argumenta el ministro. Y también desde la Comisión Nacional de Competencia se advierte de que pactar los precios, como quiere la vicepresidenta, es ilegal. »La concentración empresarial para acordar el coste de los productos podría ser compatible con un cártel«, apuntan fuentes de este organismo. Pese a la clara oposición de algunos miembros del Ejecutivo, como Pablo Planas, María Jesús Montero o Margarita Robles, la vicepresidenta Díaz dice tener el apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez para intervenir los precios de productos básicos. Y es que la medida cuadra con el último argumentario del presidente. «Somos el Gobierno de la gente, a ustedes les han puesto los poderosos», vino a decirle Sánchez al líder de la oposición en su desigual cara a cara del pasado martes en el Senado. El jefe del Ejecutivo, que este año cambió en el comienzo del curso político a los presidentes del Ibex por gente de la calle a la que, por lo visto, no le preocupa la subida de los precios, dado el tenor de sus preguntas, está dispuesto a hacer del populismo su bandera, por lo que no sería de extrañar que finalmente apoyara la medida de Díaz. Pero independientemente de su legalidad, la medida no es en ningún caso una panacea. El mercado es imperfecto, y si hay quien lo manipula, como en este caso Putin, más. Pero cuidado que como en otras muchas ocasiones las soluciones que se plantean tienen muchos efectos secundarios: pueden provocar escasez de productos.
Source: abc economia
2022-09-11