El Gobierno ha puesto hasta la fecha 6.500 millones de euros de recursos públicos encima de la mesa en rebajas fiscales, ayudas públicas y bonificaciones para tratar de contener la espiral alcista de los precios y, según han asegurado la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, está dispuesto a soportar una factura de hasta 12.000 millones en el conjunto del año en su intento por amortiguar el impacto de la inflación sobre hogares y empresas.
La información sobre la evolución de los precios que mensualmente difunde el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha venido asegurando que tan fenomenal esfuerzo presupuestario apenas ha servido hasta el momento para impedir que el IPC se vaya por encima del 10% y para que el pasado mes de abril cayera del 9,8% al 8,3%, al calor de la entrada en vigor de las medidas de choque aprobadas por el Gobierno, con la bonificación de 20 céntimos sobre el precio de gasolina y gasóleo como medida estrella.
La expectativa de que esa bajada de abril marcara el inicio de una tendencia a la baja del IPC ha tardado poco en truncarse. El dato de avance publicado ayer por el INE estima que la inflación repuntó en mayo hasta el 8,7% desde el 8,3% que marcó durante el mes anterior y, lo que es más preocupante, revela un crecimiento firme de la tasa subyacente, que ignora los elementos más volátiles del índice, como el precio de la energía y el de los alimentos frescos, y que en mayo se situó ya en el 4,9% tras una escalada que parece no tener fin.
El INE atribuyó ayer este repunte de mayo, tras un encarecimiento mensual del 0,8% de los precios, a la subida del precio del carburante y de los alimentos elaborados, que habría más que compensado la suave tendencia a la baja del precio de la electricidad.
Efectos de segunda ronda
Los analistas, sin embargo, aprecian en el dato de mayo las primeras evidencias contundentes de que las empresas ya han comenzado a trasladar de manera decidida a sus precios de venta al público los mayores costes que llevan meses soportando por el encarecimiento de las materias primas, la factura energética o los contratos de transporte.
La valoración difundida ayer por el equipo de analistas de Caixabank aseguraba que «los elevados precios de la energía han seguido filtrándose a los demás componentes de la cesta de consumo, al aumentar los costes de transporte y producción. En este sentido, el foco está cada vez más sobre los alimentos y los componentes ‘core’ de la cesta de consumo». Un panorama que según la institución anuncia que aunque el índice general se modere en los próximos meses el núcleo duro de la cesta de la compra seguirá encareciéndose durante «algunos meses más», lo que a buen seguro añadirá presión a la negociación salarial.
El Banco de España dibujó un panorama similar. El director de Economía y Estadística de la institución, Ángel Gavilán, aseguró ayer en Sevilla que la expectativa de la institución es que tendrá que revisar a la baja su previsión de inflación para el año, del 7,5% a día de hoy, pero que al contrario tendrá que elevar la de inflación subyacente. La traducción es que el índice estadístico que mide los precios, que se toma como referencia por ejemplo para actualizar las pensiones, a razón de 1.700 millones de euros extra de coste por cada punto de IPC, será más suave de lo esperado, pero que los productos que constituyen el núcleo duro de la cesta de la compra de los españoles se van a encarecer más de lo que se preveía, lo que puede tener efectos negativos sobre el consumo.
El Banco de España dijo algo más. Que la política del Gobierno debe orientarse a proteger las rentas de los más vulnerables y no con rebajas fiscales generales, como las que se han adoptado para bajar la factura eléctrica de los ciudadanos, sino con otro tipo de medidas más quirúrgicas que se orienten a los colectivos más vulnerables, por ejemplo mediante una reducción temporal de sus cargas en el IRPF.
Medidas en cuestión
La ineficacia de las medidas adoptadas por el Gobierno para contener la inflación y el elevadísimo coste presupuestario que suponen para un país al que la Comisión Europea acaba de advertir por la elevada vulnerabilidad de sus cuentas públicas ponen en el punto de mira la eventual prórroga de estas a partir del 30 de junio.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ya ha avanzado que el Ejecutivo está analizando el alcance de las medidas adoptadas al objeto de determinar su eventual prórroga o, en su caso, su corrección para intentar que sean más eficientes.
En el punto de mira, la bonificación general de 20 céntimos al litro de gasolina, que el Gobierno instauró el 1 de abril, cuya aplicación ha sido un foco permanente de problemas y que ha sido contestada por analistas e instituciones como el Banco de España y la Autoridad de Responsabilidad Fiscal por su elevado coste presupuestario y su escasa finura, ya que reduce el precio del combustible a todos los consumidores por igual y, según el Banco de España, beneficia más a las rentas más altas que a las más bajas.
La medida pareció tener un efecto inmediato en abril, cuando el IPC cayó desde el techo del 9,8% que había marcado en marzo hasta el 8,3%, pero el repunte de la inflación de mayo y la sospecha de que la bonificación no solo ha alentado la demanda sino que ha terminado siendo absorbida y repercutida en precio en las estaciones de servicio la han puesto en cuestión.
El consenso de los analistas apunta a que el IPC continuará en niveles similares al actual hasta el mes de julio o agosto y se confía en que después empiece a caer hasta aproximarse al 2% en 2023. También asumen que hay cada vez más riesgo de que las presiones inflacionistas continúen.
Source: abc economia