Los oscuros negocios que rodearon al expresidente del Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado, en los círculos socialistas próximos a José Sócrates (primer ministro de Portugal entre 2005 y 2011) le han costado una condena de seis años de prisión efectiva.
Esta circunstancia se traducirá en que el banquero que parecía emblemático de las operaciones financieras en el país vecino ingresará en la cárcel para responder por los tres delitos de ‘abuso de confianza’ que pesaban sobre él. En causa estaba una cantidad de 10 millones de euros, puestos en circulación por el economista de 77 años a través de transferencias consideradas opacas e irregulares.
El juez lisboeta Francisco Henriques anunció que se han probado «casi todos los hechos» que puso sobre la mesa la acusación particular, no así en el caso de la gestión centralizada del Espírito Santo, caído en bancarrota en 2014.
La defensa había solicitado el pasado septiembre la anulación del proceso debido al diagnóstico que recibió Salgado de los médicos: la enfermedad de Alzhéimer. En este sentido, el tribunal admite como cierto que la dolencia le afecta de lleno, pero que eso no tiene nada que ver con lo que ocurrió en aquellos años.
El acusado tuvo que entregar el pasaporte a las autoridades ya que le prohibieron viajar al extranjero por existir «un elevado riesgo de fuga».
Con todo, un año atrás le quitaron de la lista de cargos tres delitos de ‘corrupción activa’, tres de falsificación de documentos, nueve de blanqueo de capitales y tres de fraude fiscal cualificado.
Ricardo Salgado, natural de Cascais, había sido autorizado a abandonar la prisión domiciliaria en diciembre de 2015 y quedó liberado tras depositar una fianza de 1,5 millones de euros.
El banquero se encontraba en semejante régimen de privación de libertad en casa desde julio de ese mismo año, cuando el juez decretó que podía salir de la cárcel.
Era la acumulación de causas judiciales que le perseguía porque apareció implicado también en el ‘caso Monte Branco’ (por blanqueo de capitales y fraude fiscal) y, cómo no, en el proceso seguido sobre el ‘Universo Espirito Santo’, que desembocó en la quiebra de la entidad en 2014 y requirió la aportación de un fondo de 4.900 millones de euros, todavía un lastre para las cuentas del Estado portugués en vista de la curva descendente observada por Novo Banco, heredero de los activos ‘buenos’ del original.
La fianza era todavía mayor, puesto que estaba fijada en tres millones de euros. Pero el Tribunal Central de Instrucción Criminal se la rebajó, en vista de que consideraba acreditado que no existía riesgo de destrucción de pruebas.
La liberación de quien ejerció como máximo responsable del icónico Banco Espírito Santo durante 23 años se produjo varias semanas después de que se difundiera que cobraría una pensión de 90.000 euros mensuales de por vida, lo cual generó una gran polémica en Portugal.
Además, la comisión de investigación del ‘caso Espírito Santo’ arremetió en su día contra el Banco de Portugal por considerar que podía haber actuado de una forma más «rotunda» en la gestión de la crisis de la entidad, rescatada por el Gobierno conservador de Passos Coelho.
El informe determinaba sin paliativos: «Es posible suponer que una actitud más contundente por parte del Banco de Portugal podía haber conducido a la disminución del impacto derivado de la situación vivida en el Grupo Espirito Santo, así como de la forma en que se desarrolló».
Esta recriminación directa no se encontraba en la versión inicial. Resultó añadida a última hora, siguiendo las pautas ya apuntadas por la Unión Europea. Y es que Bruselas no dudó en criticar el papel del Banco de Portugal por haber mirado para otro lado en pleno maremágnum de irregularidades en Espírito Santo.
De cualquier forma, el tono final quedó manifiestamente rebajado, pues el Bloco de Esquerda y el Partido Comunista habían presionado para lograr una mayor beligerancia.
Y se pone en entredicho el blindaje interno que se encontraba en vigor en el momento del estallido. Es decir, la opacidad dificultó una labor de supervisión más eficaz.
Los mecanismos de control fallaron y, sobre todo, los baremos de aplicación fueron variando a lo largo del tiempo, con lo cual se resintió la transparencia.
«Debería haberse instaurado una visión más restrictiva de los flujos», estima la comisión de investigación. Sin embargo, no se llevaron estas quejas hasta sus últimas consecuencias, es decir, no se concretó una petición de sanciones u otras medidas de castigo contra el Banco de Portugal.
El informe fue aprobado por los dos grandes partidos: el PSD, entonces en el poder, y los socialistas. Un acuerdo que los hizo converger por primera vez a lo largo de un periodo de 10 años.
Salgado nunca se recuperó de semejantes acciones implacables de la justicia, y quizá es la ‘Operación Marqués’ la que menos esperaba que le llevara entre rejas.
Source: abc economia