Eliminar de forma definitiva el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE), suspendido desde el pasado mes de julio en el marco del paquete fiscal de contingencia dispuesto por el Gobierno para rebajar el precio del recibo de la luz; mantener de manera permanente el tipo mínimo del 0,5% en el Impuesto Especial sobre la Electricidad, instaurado en la segunda ola de medidas del pasado mes de septiembre; y racionalizar la ristra de impuestos autonómicos que gravan la generación y la distribución y que acaban inflando también el precio final de la electricidad.
El informe del Comité de Expertos para la Reforma Fiscal constituido por el Ministerio de Hacienda urge al Gobierno a aplicar lo antes posible este paquete de medidas para aligerar en unos 3.000 millones de euros la carga fiscal que soporta la electricidad y permitir de ese modo una rebaja permanente del 10% en el precio del recibo de la luz que pagan las consumidores.
Los expertos justifican esta propuesta de rebaja fiscal por la realidad, acreditada por la oficina estadística europea Eurostat, de que los impuestos en España suponen una mayor carga para el recibo doméstico de la luz (un 45%), que en nuestros vecinos europeos (39%), y por la necesidad de avanzar en la electrificación de la economía española para cumplir los objetivos nacionales de reducción de emisiones contaminantes.
En realidad, supondría convertir en permanentes la mayor parte de las medidas de alivio transitorio aprobadas por el Gobierno durante el año pasado para amortiguar el impacto de la escalada de los precios mayoristas de la electricidad, que en el último año se han multiplicado por siete. La única excepción sería la rebaja del IVA de la electricidad del 21% al 10%, cuyo mantenimiento en el tiempo descartan por uno de los posicionamientos más controvertidos del grupo en su informe: la defensa de la supresión gradual de todos los tipos reducidos y superreducidos en el IVA.
Lo relevante es que en esta ocasión no estamos ante una propuesta académica más que el Gobierno puede meter el cajón. La disposiciones operativas firmadas por el Gobierno de España con la Comisión Europea, que suponen el contrato a partir del cual Bruselas decidirá si procede o no abonar a España el dinero del Mecanismo de Recuperación que tiene preasignado, obligan al Ejecutivo a acreditar en el primer trimestre de 2023 la aplicación o como mínimo la previsión de aplicación de las recomendaciones de los expertos. Y éstos ya confirmaron el jueves que veían la rebaja de los impuestos a la electricidad como la medida más prioritaria a aplicar.
Impuestos verdes por tierra, mar y aire
La pérdida recaudatoria derivada de la menor presión fiscal que el comité de expertos reclama para la energía eléctrica se compensa con creces con el abanico de medidas que plantean para impulsar la fiscalidad verde y con la que se podrían obtener hasta 15.000 millones de euros extra. El grupo insistió en la presentación del informe que éste no era más que un menú de opciones, que en ningún caso tendrían que aplicarse todas y que, además, las que se aplicaran tendrían que activarse de manera gradual para impedir comprometer la actividad económica.
El menú, no obstante, es amplísimo. El informe baraja subidas de impuestos al queroseno de la aviación, al gasóleo profesional, al fuelóleo utilizado en la navegación marítima, al diésel y a todo tipo de carburantes como forma de compensar un impacto contaminante y estimular la implantación de combustibles no fósiles. También plantea un impuesto de 7,5 euros por billete de avión, una tasa por circular por los núcleos urbanos de las grandes ciudades y el ya célebre pago por uso de la red viaria, a razón de un céntimo por kilómetro para los vehículos ligeros y de entre tres y cinco céntimos para los vehículos pesados.
El presidente del comité de expertos, Ignacio Ruiz-Huerta, avanzó que el documento aspira a implantar el principio de ‘quién contamina, paga’ e internalizar los costes ambientales que tienen determinadas actividades emergentes. Ahí se enmarca la propuesta de implantar una tasa local por la ocupación del dominio público que se produce como consecuencia de las entregas de paquetería, ideada para paliar el volumen de emisiones generado por el incremento de las entregas a domicilio al calor del auge de empresas como Amazon o Aliexpress.
Alivio para usuarios de BlaBlaCar o Wallapop
El informe aboga por aportar seguridad jurídica a los usuarios de la economía colaborativa. La aplicación estricta del sistema fiscal obligaría a los usuarios de plataformas como eBay, Wallapop o Vibbo a pagar Impuesto de Transmisiones Patrimoniales por las transacciones realizadas, por baja que fuera su cuantía. Los expertos abogan por eximir fiscalmente las operaciones de baja cuantía, así como los intercambios de vivienda o las cantidades cobradas por usuarios de plataformas de transporte compartido, como BlaBlaCar, siempre que se orienten a compartir gastos.
El grupo de experto reunido por Hacienda considera urgente abordar la regulación no solo de las criptomonedas, sino de los criptoactivos en sentido amplio. Proponen adaptar la regulación del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto de Sociedades y del de Patrimonio para evidenciar la sujeción a gravamen de la tenencia de criptoactivos y agilizar lo más posible el establecimiento de una serie de criterios a la hora no sólo de gravar este tipo de activos sino también de valorarlos a efectos fiscales, un tema particularmente controvertido.
Otro flanco de actuación que plantean los expertos es el replanteamiento de los criterios que Hacienda tiene en cuenta a la hora de considerar a un contribuyente como residente fiscal. Abogan por que el criterio de la presencia temporal durante 183 días en territorio español – muy difícil de comprobar – se enriquezca con otros parámetros como la existencia de una vivienda habitual y permanente en territorio español o la redefinición de la base de intereses económico. Las lagunas de la legislación española saltaron a la actualidad por el traslado de la residencia del célebre ‘youtuber’ El Rubius de España a Andorra.
El informe plantea la adaptación del sistema fiscal a la nueva realidad del teletrabajo. Plantea modificar la norma para aclarar que la cesión del uso de medios, equipos e instrumentos necesarios para desempeñar el trabajo no tengan la consideración de retribución en especie – y, por tanto, no tributen –, y el establecimiento de un sistema de exenciones similar al que se aplica a las dietas o gastos de locomoción para las cantidades en metálico que las empresas puedan satisfacer a sus trabajadores para que adquieran los elementos necesarios para poder teletrabajar desde sus domicilios.
Source: abc economia