El transporte avisa al Gobierno ante las presiones de la distribución: «No firmaremos un acuerdo distinto»

El sector del transporte continúa en tensión con el Gobierno. El decreto de medidas urgentes pactado en diciembre, y que sirvió para desconvocar la huelga patronal en vísperas de Navidad, parece que llegará con retraso tras las presiones de la distribución, en desacuerdo con algunos puntos pactados en la negociación. Así las cosas, el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) ha lanzado este martes un comunicado donde muestra su «inquietud» ante la posibilidad de que la redacción final de la norma «no responda a la letra y el espíritu de esos acuerdos».

Según relatan fuentes de la patronal, el Ministerio de Transportes les comunicó la semana pasada unos cambios en la redacción del texto, que «abren la mano» a que los cargadores -como así son conocidas las empresas distribuidoras- puedan escabullirse de efectuar carga y descarga de mercancías en vehículos de más de 3,5 toneladas. Una medida cuyo acuerdo fue crucial para desconvocar las huelgas de diciembre. Además dicen ser «conscientes» de que los grandes distribuidores están «presionando por todas las vías» para que el acuerdo no incluya esta obligación.

De ocurrir así, señala el CNTC, «el sentimiento de haber sido engañados como consecuencia de presiones extrañas podría tener un efecto demoledor, de consecuencias imprevisibles, en el sector. Habida cuenta de que esos compromisos sirvieron para poner fin a una convocatoria de paro nacional de transporte en los días previos a la Navidad». Como ya publicó ABC, algunas patronales ya amenazaban la semana pasada con ir a la huelga.

El CNTC ya avisa de que «no aceptará ningún texto que no recoja taxativamente la integridad de lo acordado».

Por su parte, desde la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC) también admiten «inquietud» por estas presiones. «Estamos expectantes y vamos a esperar prudentemente a que se plasme en el Real Decreto-Ley los acuerdos alcanzados con respeto a la seguridad jurídica para que las normas puedan tener su recorrido en el tiempo y mantenerse», señala su vicepresidente Ramón Valdivia.
Source: abc economia

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