El campo español hará oír su voz con fuerza el próximo 20 de marzo en Madrid. Las principales organizaciones agrarias (Asaja, COAG y UPA) se han unido a entidades como la Real Federación Española de Caza, la Unión de Criadores de Toros de Lidia y la Alianza Rural para protestar en la capital contra lo que han tachado como de «atropellos» por parte del Gobierno. Bajo el lema ‘Juntos por el campo’, esta movilización pondrá la guinda a las movilizaciones que mantienen agricultores y ganaderos por toda España en la actualidad. En concreto, las tres asociaciones agrícolas tienen previstas protestas en Cádiz (14 de enero), La Rioja (26 de enero), Salamanca (28 de enero) y Murcia (16 de febrero).
Sobre la mesa asuntos tan diversos como el fuerte impacto de la escalada de costes de producción sobre las explotaciones agrícolas y ganaderas, la doble tarificación, la reforma laboral, la aplicación de la nueva PAC (Política Agraria Común), la protección del lobo, el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria y la retirada de la Ley de Protección y Derechos de los Animales. En este sentido, los convocantes también han abierto la convocatoria a otras entidades (regantes, pesca…) y anunciado el inicio de contactos con partidos políticos, así como representantes de la sociedad civil. En boca del presidente de Asaja Pedro Barato, los convocantes han hecho un llamamiento para que «se deje de usar a la España Vacía ahora en los proceso electorales».
Entre otras reivindicaciones los convocantes han exigido la puesta en marcha de medidas fiscales como la aplicación de una bonificación de un 35% y un 15% a la factura del gasóleo y los plásticos y fertilizantes, respectivamente, así como un IVA reducido del 10% para la venta del toro bravo como producto cultural. «Estas sí que son medidas de cariño», ha remarcado Barato quien ha instado a la introducción de cambios en la reforma laboral que contemplen la realidad del campo. En este sentido, el presidente de Asaja ha mostrado su sorpresa porque las autoridades recomienden contratos de 120 días a la hora de reclutar trabajadores en origen de terceros países cuando aquí en España se ha regulado contratos de 90 días para necesidades de producción.
«Si le sumamos el incremento del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) habrá más desempleo y cambios de cultivos», ha apuntado Barato quien cree que la conversión de muchas de estas relaciones laborales a fijos discontinuos se convertirá «en un negocio para otros y los trabajadores seguirán cobrando menos». En su opinión, ha concluido, «la reforma laboral no se ajusta a las necesidades del sector: el Gobierno tienen que darle una solución a la temporalidad, con una adenda o una futura reforma».
PAC e importaciones de terceros países
Por su parte, el secretario general de COAG Miguel Padilla, ha lamentado «el déficit de negociación» alrededor del Plan Estratégico de la PAC que, no debe suponer una pérdida de ingresos y apostar prioritariamente por la agricultura profesional. Además, el máximo responsable de esta organización agraria, ha incidido en el control de las importaciones provenientes de terceros países y subrayado el carácter «exhaustivo» de los requisitos exigidos por la Unión Europea (UE). En esta línea, ha denunciado que «no se exige nada a los contingentes» y pedido que se tenga en cuenta al campo a la hora de legislar como en el caso de la protección de especies como el lobo.
Ley de la Cadena y relevo generacional
Tampoco han faltado las referencias, por boca del secretario general de UPA Lorenzo Ramos, al «incremento desmesurado de los costes de producción que están poniendo en riesgo las explotaciones». Ramos ha exigido que se cumpla de forma estricta la Ley de la Cadena Alimentaria y un cambio en la política de seguros agrarios «para que los verdades profesional no los acaben abandonando». En este sentido, han reivindicando la necesidad de facilitar la incorporación de jóvenes a la actividad agraria y ganadera simplificando la burocracia, así como habilitando diferentes ayudas.
«Deriva conservacionista»
Por su parte, el presidente de la Real Federación Española de Caza Manuel Gallardo, ha reivindicado el peso económico del sector cinegético como «fijador de empleo, sustento de muchas familia, con beneficios culturales y medioambientales». En este sentido, ha denunciado la «deriva conservacionista» del Gobierno y las instituciones europeas en las que, en su opinión, han adquirido un importante peso «el lobby animalista».
Por este motivo, ha exigido que se retire el proyecto de Ley de Protección y Derechos de los Animales así como el del Real Decreto de Núcleos Zoológicos y la modificación del Código Penal que pretende hacer extensible el maltrato animal a todos los animales vertebrados. Gallardo ha apostado por «recuperar» la caza y lamentado que se haya creado «un conflicto de convivencia» alrededor del lobo. También ha cargado contra «el mal uso de la educación» respecto a la relación con los animales y advirtiendo que esto puede suponer la desaparición de actividades como la ganadería en 15 años. «Hay que elegir entre animalismo o libertad», ha concluido el presidente de la Real Federación Española de Caza.
Por su parte, el presidente de Alianza Rural Fermín Bohórquez, ha lamentado que el mundo rural se vea como «algo fuera de la realidad urbana» y denunciado «la situación grave» que atraviesa este ámbito por situaciones como la «paralización» de las infraestructuras, la hidrografía «y la falta de empatía del Ministerio de Transición Ecológica». En su opinión, hay «una falta de visión del campo» en el Gobierno y la sociedad.
Source: ABC