El Tribunal Constitucional ha anulado el impuesto de plusvalía municipal, una tasa impositiva que permitía a los ayuntamientos una recaudación media de 2.500 millones de euros.
En la sentencia se explica que la anulación tiene que ver con establecer un método objetivo de determinación de la base imponible del impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (nombre oficial del impuesto) que determina siempre un aumento del valor, con independencia de que haya existido.
Pero, ¿en qué consiste el impuesto de la plusvalía? Se trata de un tributo que cambia el valor de un terreno urbano toda vez que se adquiere hasta que se vende o se transmite, por ejemplo a través de herencias.
El impuesto estaba delegado a las administraciones municipales. Los ayuntamientos eran los encargados de aplicarlo, aunque se tenían que ceñir a unas dierectrices como mantener los coeficientes que marca el Estado y que tienen en cuenta la antigüedad de un máximo de 20 años. Así, de uno a cinco años es un 3,7 %, hasta 10 años es un 3,5 %, hasta los 15 es un 3,2 y en los 20 es de un 3 % máximo. Los consistorios no podían subir esos porcentajes.
Otra de las normas que debían seguir es la de no superar el máximo porcentaje del tributo, un 30 %.
Así las cosas, la plusvalía se pagaba en las ventas de pisos, con el vendedor asumiendo el impuesto; en las herencias eran los beneficiarios los que lo tenían que pagar y por último en las donaciones, que también lo asumían los receptores.
Source: ABC