El golpe devastador que ha ocasionado la pandemia a las economías del Viejo Continente, con España como una de las grandes damnificadas, ha convertido los fondos de Bruselas en una tabla de salvación a la que aferrarse para mitigar el impacto del Covid, así como afrontar los grandes retos de nuestro tiempo, como la transición climática y la transformación digital. Hablamos de 140.000 millones de euros rumbo a territorio patrio en los próximos seis años procedentes del plan europeo de recuperación, de los cuales 70.000 llegarán en forma de transferencias no reembolsables entre 2021 y 2023… Una oportunidad histórica sobre la que hay depositadas enormes esperanzas, pero que también supone un reto mayúsculo: acertar con los proyectos, cumplir con los plazos y evitar errores del pasado.
Obtenida la aprobación definitiva del programa nacional de reformas e inversiones por parte de los ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin), comienza la hora de la verdad. La Comisión Europea transfirió al Tesoro español, a mediados de agosto, los primeros 9.000 millones de euros de prefinanciación, el 13% del total de transferencias no reembolsables previstas para nuestro país.
Antes de la recepción de esa cuantía, el Gobierno ya incluyó en los Presupuestos Generales de 2021 unos 24.200 millones con cargo al mecanismo europeo de recuperación para gastar desde el primer día. Sin embargo, parece complicado que sea capaz de usar todos los recursos antes del 31 de diciembre. Y es que, a cierre de junio, solo llevaba ejecutado el 4,99%, es decir, 1.207 millones, tal y como se desprende de las Estadísticas de Ejecución de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Los expertos consultados dudan de que dé tiempo a utilizarlos en los meses que restan de año. Desde Funcas, por ejemplo, piensan que en 2021 se ejecutarán 10.000 millones.
Desconfianza
Cabe recordar que, del montante presupuestado este año, las comunidades autónomas gestionarán el 43%, 10.500 millones. Hasta ahora, ya se han distribuido, asignado y acordado más de 7.250 millones. Algunas autonomías de la oposición, eso sí, no terminan de fiarse del reparto de los fondos por parte del Gobierno, al entender que actúan como meras gestoras con apenas participación en las decisiones. Elvira Rodríguez, vicesecretaria sectorial del PP, ahonda en que la preocupación se centra no solo en las posibles deficiencias en las adjudicaciones, que «pueden llevar a clientelismos indeseados», sino también en que «la selección no sea la más adecuada para las necesidades de España». Por parte del ministerio de Hacienda, María Jesús Montero, apeló públicamente a «remar en la misma dirección» y dejar a un lado «la política de confrontación».
Recibido el anticipo de 9.000 millones, el Gobierno presidido por Pedro Sánchez deberá ponerse las pilas para cumplir con el ritmo vertiginoso marcado por Bruselas y evitar así un eventual cierre del grifo. A diferencia del primer desembolso, el siguiente tramo, que se espera para finales de año y asciende a 10.000 millones, estará sujeto al cumplimiento de cincuenta hitos, como la puesta en marcha de las denominadas tasas Google y Tobin.
El examen más complicado vendrá en la segunda de las transferencias, de 12.000 millones y prevista para junio de 2022. «El calendario es todavía factible para este año, pero se complica a partir del que viene, cuando los desembolsos estarán sometidos a reformas relativamente complejas como la laboral», alerta Raymond Torres, director de Coyuntura y Economía Internacional de Funcas. El proceso se repetirá cada seis meses: para que el maná siga llegando, España deberá demostrar a Bruselas que cumple las reformas e inversiones a las que se ha comprometido.
Mayor velocidad
Desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) insisten en la necesidad de pisar el acelerador. «Este año tenemos que ejecutar en torno a 19.000 millones de euros. O aceleramos las convocatorias y licitaciones o no seremos capaces de cumplir con los hitos que nos pide Bruselas», advierte Luis Socías, jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de la patronal. «Es importante que en septiembre y octubre haya una avalancha de convocatorias para acelerar el ritmo de ejecución», abunda.
En el portal web del plan de recuperación aparecen casi una veintena de convocatorias abiertas, como el polémico millón de euros para sufragar los gastos de estancias en el extranjero de los autores. Figuran también nueve convocatorias ya cerradas, como el programa Misiones de I+D en Inteligencia Artificial, dotado con 50 millones. Desde la patronal CEOE lamentan que han salido numerosas convocatorias en agosto con poco margen de presentación, algo que puede tener consecuencias nefastas. «Corremos el riesgo de que no se ejecute todo el presupuesto porque no haya suficientes proyectos presentados merecedores de recibir fondos públicos», subraya Luis Socías.
Raül Blanco, secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, reconoció esta misma semana ser consciente de la problemática. «Si queremos ejecutar presupuesto, el límite para esas convocatorias no podía ir más allá de agosto», dijo en el 35 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones organizado por Ametic. Recordó, asimismo, que hasta julio, cuando el plan presentado por España recibió la luz verde del Ecofin, no se podían sacar convocatorias, lo que ha demorado el proceso.
Valentí Pich, presidente del Consejo General de Economistas, cree que es el momento de comenzar a concretar las grandes palabras. «Es muy importante la letra pequeña y habrá que estar atentos al resultado de las elecciones alemanas –celebradas el 26 de septiembre– por el papel central que tiene este país».
En lo que respecta a los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte), hasta ahora solo se ha aprobado el del Vehículo Eléctrico y Conectado, al que el Gobierno destinará 4.300 millones en el periodo 2021-2023. En fase de estudio se encuentran el aeroespacial, el de la medicina personalizada y el de la cadena agroalimentaria. «Habrá siete u ocho en total y hace falta que se acelere la aprobación de los mismos», apunta Socías. Por otro lado, el Ministerio de Hacienda sigue sin crear el registro estatal de entidades interesadas en los Pertes, incumpliendo así el real decreto ley 36/2020, que exigía que se pusiera en marcha antes de que finalizase marzo. Desde el departamento de María Jesús Montero dan la callada por respuesta al ser preguntados sobre ello.
Grandes retos
A pesar de que las expectativas creadas en torno al maná europeo son muy altas, los expertos ponen el foco en los desafíos a los que tendrá que hacer frente nuestro país. «La asignación eficiente de los recursos es un reto aún más importante que la celeridad con que se despliegue el plan. La recuperación está en marcha, por tanto, es crucial que el plan se centre en los elementos transformadores, en vez de buscar estímulos a corto plazo», indica Raymond Torres, de Funcas. Otro gran desafío, dice, es el avance con la agenda de reformas prevista en el plan. «Esta es una oportunidad que probablemente no se presentará de nuevo en un horizonte previsible», continúa.
En esa idea coinciden todas las fuentes consultadas. Pedro Mier, presidente de la patronal tecnológica Ametic, destaca la importancia de los fondos europeos: «España se lo juega todo porque la sociedad en la que vivimos es digital y más que va a serlo. Se trata de aprovechar el esfuerzo que hemos ganado de transformación digital para conseguir mayor y mejor empleo, mayor sostenibilidad y competitividad para nuestras empresas, fortalecimiento de la industria…». Junto a los mencionados criterios, claves para guiar las inversiones, menciona la «capacitación y apoyo al talento, la ‘infraestructura’ más importante para el país».
Para evitar que los fondos Next Generation acaben por convertirse en un fracaso los expertos consideran que se debe poner el foco en varios aspectos. «Un error sería no aprovechar las herramientas tecnológicas de automatización, robotización e inteligencia artificial que existen para acelerar todos los procesos», comienza por indicar Chus Escobar, socia responsable del sector público de EY. También recuerda la importancia de atenerse a la legislación vigente a la hora de repartir las inversiones o hacer las reformas, así como el cumplimiento de las medidas de prevención contra el fraude, que se han visto reforzadas. Teniendo siempre presentes estas consideraciones, España debe ser capaz de mantener el ritmo: «No podemos pararnos, hay que seguir sacando convocatorias y tomar algunos pequeños riesgos porque si no, cumpliremos la legislación al pie de la letra pero no llegaremos a tiempo».
A la vista de que estamos ante una situación extraordinaria, Juan Pablo Riesgo, socio de EY y socio responsable de EY Insights, habla de riesgos a prever. Uno de ellos, la inejecución, tanto en términos de inversiones como de reformas. «El esfuerzo es hercúleo. Requiere tener a toda la administración pública a nivel estatal, autonómico y local perfectamente alineada y coordinada, contando con todos los recursos que le permitan ejecutar los fondos», dice. Para Riesgo, lo prioritario es que España ejecute las reformas recomendadas por las instituciones europeas porque, de acuerdo a las estimaciones de BBVA Research, el impacto en términos de crecimiento del PIB en el medio y largo plazo de las reformas estructurales es cinco veces superior al impacto que puedan tener las inversiones.
El segundo peligro que advierte es el uso incorrecto de las ayudas. «Hemos de garantizar que los recursos se destinan a inversión productiva y que no suponen más gasto corriente que no aporte nada al crecimiento en el medio y largo plazo y, además, que no suponga una carga adicional de gasto público para el futuro», afirma. Por último, llama a estar vigilantes para que el maná se dedique al objeto con el que se ha planteado y que cumpla la normativa aplicable en materia de gestión de fondos públicos.
No sin las pymes
Que el dinero no llegue a las pymes, con menos recursos para preparar los proyectos, es un gran foco de preocupación. Según el barómetro de los Gestores Administrativos de julio, solo el 14% de ellas tiene intención de acceder a los fondos europeos Next Generation EU. Entre las causas está la burocracia, la falta de capacidad para cofinanciar proyectos, el poco entendimiento acerca de cómo pedir los fondos o la sensación de que no están dirigidos a ellas. «El requisito de estar al corriente de pago con la Seguridad Social y con Hacienda deja de lado a un porcentaje importantísimo de empresas», agrega Fernando Santiago, presidente del Consejo General de Gestores Administrativos.
Su mensaje es contundente: «Si los fondos no llegan a las pymes es un fracaso y luego que no lo vendan como culpa del pequeño empresario. La administración pública debería ser consciente de lo que es una pyme y legislar para ella en vez de para la gran empresa, que tiene miles de asesores en nómina y se puede permitir sacar todo esto adelante».
La solución para el presidente de Ametic, Pedro Mier, pasa por una visión colaborativa: «Que los proyectos tengan suficiente dimensión y sean liderados por las empresas con capacidad para ello, pero que necesariamente incluyan la participación real de las pymes».
Capacitación
En opinión de César Tello, director general de Adigital, la Asociación Española de la Economía Digital, en un país como España, donde las empresas, incluyendo autónomos, tienen de media 4,5 empleados, se necesita sí o sí formarlas en digitalización. «Sin capacitación, dedicaremos muchos euros a cubrir parches tecnológicos y no se producirá una transformación real. Hablamos no tanto de eficiencia en costes, sino de generar nuevos ingresos y de que las empresas entiendan que la materia prima de hoy en día es el dato. Si no, será complicado que la efectividad de los fondos llegue a buen puerto», asevera.
Digitalización, junto con sostenibilidad, son los ejes a los que mira el plan nacional. Y a juicio de Inmaculada Riera, directora general de la Cámara de Comercio de España, el logro de los objetivos marcados en estos ámbitos «obliga de manera clara a la colaboración público-privada, hoy más necesaria que nunca». Recuerda que la internacionalización, una de las palancas en la salida española de la anterior crisis, va actualmente de la mano de la digitalización, que permite aumentar la competitividad de las compañías. «Es uno de los grandes desafíos y el plan nacional va en esa dirección», incide, al tiempo que pone en valor el papel de la Cámara de Comercio por su capilaridad y su experiencia como organismo intermedio de la Administración en la gestión de fondos europeos. El sistema cameral también ha puesto en marcha distintos instrumentos al servicio de las empresas para contribuir a la difusión e información de las convocatorias con el objetivo de ayudar a que nadie se quede atrás.
«El plan es ambicioso, si somos capaces de ejecutar un 70-75% va a suponer una transformación tremenda de nuestro modelo productivo y de nuestra economía», subraya Chus Escobar. Los primeros millones del maná europeo ya han viajado con destino a España y, con ellos, se da el pistotelazo de salida a una carrera de fondo que Bruselas seguirá con lupa.
Source: ABC