La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, acudió al Congreso hace justo dos meses cuando el precio de la electricidad había alcanzado en junio un máximo de 83,29 euros el megavatio hora (MWh) para explicar los motivos por los que la luz se había disparado y, de paso, presumir de la rebaja del IVA del 21 al 10%. Ayer, volvió a comparecer en la comisión para la Transición Ecológica, justo el día en el que el precio medio de la electricidad alcanzaba un nuevo máximo de 124,45 euros el MWh y se conocía que agosto registraba el récord histórico de 105,94 euros, es decir, un 27% más que junio.
Aunque comenzó su intervención afirmando que «vemos con preocupación» este fuerte incremento de los precios, no aportó ninguna nueva medida que pueda forzar un descenso de la tarifa o de la factura y repitió en diversas ocasiones que Bruselas impide modificar el mercado mayorista, «por lo que el Gobierno respetará el derecho comunitario y no adoptará medidas contrarias a la UE».
La ministra insistió en que la subida de los precios responden fundamentalmente a los incrementos de la cotización internacional del gas natural y del mercado de CO2, las mismas explicaciones que dio hace dos meses.
Teresa Ribera afirmó que los ciudadanos pagarán este año un 25% más en las facturas de la luz. Según sus cálculos, si en 2019 los consumidores pagaron de media 562 euros, en 2020 bajó a 512 euros y subirá a 644 euros en 2021.
Durante su comparecencia anunció, sin dar detalles, que trabajan en la reforma de la tarifa regulada o pvpc y que prorrogará hasta finales de año la suspensión del impuesto del 7% a la generación que pagan las eléctricas. Esta medida terminaba el 30 de septiembre. Y subrayó que en el primer semestre la tarifa regulada ha sido un 20% más barata que los precios de los contratos del mercado libre.
«Falta de empatía»
También aprovechó su presencia en la Cámara Baja para volver a criticar a las eléctricas por el vaciado de algunos embalses hidroeléctricos en las últimas semanas para generar electricidad y aprovechar los altos precios de esta energía.
Tras reconocer su comportamiento durante la pandemia, Ribera acusó ayer a estas compañías de «no tener ninguna empatía social» por vaciar los embalses, aunque reconoció que «muy probablemente sea compatible con las concesiones». Insistió en que es «escandalosa la reducción de agua embalsable» y sentenció que «las eléctricas no deben de olvidar que la empatía social cotiza en Bolsa».
Asimismo, la vicepresidenta volvió a rechazar las propuestas de Unidas Podemos, su socio de Gobierno, para crear una empresa pública hidroeléctrica y fijar un precio a la electricidad que generan estas centrales, así como las nucleares. «La Comisión Europea prohíbe expresamente establecer precios mayoristas regulados, ni máximos ni mínimos; también prohíbe aplicar precios marginales en el mercado mayorista y discriminar tecnologías», dijo.
Añadió, sobre las centrales hidroeléctricas, que «hay varias soluciones» para cuando caduquen sus concesiones, como volver a subastarlas, que pasen a los cuencas hidrográficas o que algunos actores locales participen en su gestión. «Pero lo que está claro es que, sean públicas o privadas y si operan en el mercado, deben cumplir las mismas reglas que el resto de tecnologías». Recordó que Italia tiene una gran eléctrica pública (Enel, casualmente accionista mayoritario de Endesa) «y normalmente los precios de la luz en ese país son más caros que en España».
En su réplica, el secretario general del grupo parlamentario morado, Txema Guijarro, afirmó que las normas comunitarias «no impide regular el precio de la nuclear». «Precisamente, ha dicho que siendo un monopolio natural, sí es posible regular. Francia va por ese camino». Respecto a la propuesta de «estabilizar la factura», señaló que es «muy parecida» a la propuesta trasladada por «el ‘lobby’ eléctrico», que a su juicio «trabaja abiertamente contra la democratización del sistema. Supongo que será estabilizar a la baja. Si no, no sé qué gracia tendría», dijo.
La «inacción» de la ministra
Por su parte, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, hizo de portavoz de este grupo en la comisión y aseguró que la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica es «la única responsable» de la subida de la luz por su «inacción», y ahora acepta crear una comisión en el Congreso sobre este problema «porque no sabe qué hacer o porque no quiere hacer nada» después de tres años «de indiferencia».
García Egea afirmó que la culpa de la subida de la luz no es «ni del PP, ni de la UE, ni de la Rusia de Putin, ni de las eléctricas, ni de los antepasados del Homo Sapiens que descubrieron el fuego, ni de los embalses, ni del coste de oportunidad».
El problema es que «las soluciones hasta ahora del Gobierno son que planchemos a las 2 de la madrugada, un estatuto del consumidor electrointensivo que llega con retraso de dos años, la mini rebaja del IVA y una subasta de renovables que ha tardado tres años en llegar».
El dirigente del PP dijo que su partido propone «un gran pacto de Estado» para «hacer más transparente la factura de la luz, asociada solo a los costes eléctricos, eliminando cualquier otro concepto no asociado».
Recordó que la vicepresidenta Ribera dijo durante el temporal Filomena, el pasado mes de enero, que iba a bajar la factura de la luz a la mitad a partir de junio y, sin embargo, ha subido el doble. «Hoy, un autónomo paga 6.000 euros de luz; hace un año, 3.000». Añadió que con el PSOE, «la cuesta de septiembre es todos los meses del año» y que «este verano ha servido para saber el tipo de Gobierno que tenemos, uno al que le importa más recaudar que rebajar la factura de la luz a los españoles».
Tomás Guitarde, del grupo mixto, ha dicho
de las eléctricas que «son gente que no te puedes fiar»
y ha subrayado «la impotencia del Gobierno con la excusa de que depende de la UE».
Source: ABC