El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ha acordado desbloquear los 34 millones del rescate a la aerolínea Plus Ultra que había congelado cautelarmente en el contexto de la causa abierta por presuntas irregularidades en la concesión de aquella ayuda por parte del Consejo de Administración de la SEPI que autorizó la operación.
En un auto notificado este lunes y firmado por el juez Jaime Serret, que sustituye en funciones de guardia a la instructora de la causa, Esperanza Collazos; el juzgado estima el recurso presentado por la aerolínea al entender que mantener suspendida la entrega de esos fondos «puede suponer el riesgo de insolvencia definitiva de Plus Ultra, obligándola a dejar de operar y creando un perjuicio a los pasajeros que han pagado por anticipado».
La instructora paralizó esta fase del rescate de 53 millones de euros por apreciar que la necesidad de la ayuda no estaba acreditada y que «una entrega no justificada supondría un menoscabo patrimonial importante sin posibilidad de restauración», es decir, existía riesgo de que Plus Ultra no llegase nunca a devolver ese dinero a las arcas públicas y eso justificaba la adopción de esa medida de urgencia.
Adoptó así la medida cautelarmente, en espera de escuchar a las partes, para «evitar la consumación definitiva de un posible delito de malversación o fraude de subvenciones», que es lo que está investigando. Frente a ello, Plus Ultra debía justificar la necesidad de la entrega de los 34 millones «como única forma de poder mantener la viabilidad de la empresa».
Ahora, el juzgado revierte esta decisión tras escuchar las razones esgrimidas en el recurso de Plus Ultra, de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que pedían liberar los fondos; pero no sólo. Ha sido clave el informe pericial aportado por la aerolínea para justificar esa necesidad de la ayuda en términos de viabilidad. Mientras, el análisis independiente que había encargado la juez y que debe dirimir si hubo algún tipo de irregularidad en la concesión en sí del rescate en tanto que pudiera haberse incumplido algunos de los requisitos que impone la ley aún no ha llegado al juzgado.
En el auto, el juez Serret expone los pros y los contras de mantener el bloqueo cautelar para adoptar la medida y opta por desbloquear el dinero. Razona que mientras congelar los 34 millones puede llevar a la quiebra a la aerolínea, liberar los fondos «permitiría la viabilidad de la empresa -de hecho esta es la razón por la que se le ha otorgado la ayuda investigada- y la consiguiente devolución de los préstamos a la administración», en línea con las afirmaciones de la pericial de Plus Ultra.
«Debe señalarse que en el acuerdo de otorgamiento de la ayuda con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas se ha incluido como garantías un contrato de prenda del 51% de las acciones y un acuerdo de gestión con la compañía; es decir, medidas de control y supervisión de la administración sobre el destino de esta ayuda pública», razona el auto.
«Todavía no hay perjuicio a la Administración»
Añade que «todavía no se ha producido ningún perjuicio a la Administración, pues los 19 millones de euros entregados y los 34 millones de euros pendientes de entrega son prestamos (ordinario y participativo) que no están vencidos y por lo tanto no están impagados; pero lo que se investiga es la hipótesis de haber entregado estos préstamos a una empresa en crisis sin ninguna posibilidad de la devolución de los mismos«.
En este sentido, recuerda que contra lo que esgrimen tanto Plus Ultra como la SEPI, sí hay indicios de delito que conviene investigar. «Obviamente si no se realiza una investigación penal, nunca existe indicio de delito. La instrucción está en un estado embrionario para determinar si existe o no el delito denunciado; toda vez que se han puesto de manifiesto una serie de hechos que pudieran tener relevancia penal y se están acordando diligencias de comprobación sobre estos hechos», destaca.
Así, mientras por un lado se analiza «si ha podido haber un falseamiento o una distorsión fraudulenta» en el cumplimiento de los requisitos que exige la Ley para que el Fondo conceda esta ayuda, cosa que está pendiente de la mencionada pericial encargada por la juez; por otro lado, lo que se estudia es una posible administración desleal de fondos públicos en el contexto del delito de malversación.
En cuanto al cohecho o el tráfico de influencias que señalan también algunas acusaciones populares, el auto indica que «no hay el más mínimo indicio, limitándose estas acusaciones a transcribir artículos del Código Penal y su jurisprudencia, sin engarzarlo con los hechos denunciados». «Por ahora no aparece delito de cohecho alguno ante la absoluta falta de referencia a la dádiva o contraprestación por el presunto otorgamiento fraudulento de la ayuda financiera a PLUS ULTRA, y otro tanto ocurre en relación con el delito de tráfico de influencias», señala.
«Paso fundamental»
La reacción de Plus Ultra a la decisión judicial no se ha hecho esperar. Para el presidente de la aerolínea, Fernando García Manso, «es un paso fundamental en el camino que estamos siguiendo para demostrar toda la manipulación, las falsedades y los ataques que están sufriendo, no sólo la compañía, sino también nuestros empleados, socios y accionistas, a quienes queremos agradecer su enorme dedicación y compromiso en estos difíciles momentos». Además, pide que «se nos deje de utilizar en una batalla política con la que no tenemos nada que ver, y que está generando daños muy graves e injustos para la reputación de la compañía, de sus empleados y de algunos de sus miembros y/o accionistas».
Source: ABC