La división en el Gobierno de coalición no termina ni en agosto, aunque esta vez el choque no ha sido entre miembros de PSOE y Podemos, sino en el seno de uno de ellos. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha desautorizado a José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, en materia de impuestos. La propuesta del presidente valenciano Ximo Puig, a la que se sumó Escrivá, para crear un impuesto a las rentas altas de la Comunidad de Madrid en pos de compensar el efecto capitalidad no está en la cabeza del Gobierno.
«Esa propuesta no está en la agenda del Gobierno, ni lo va a estar nunca», ha señalado Montero en declaraciones a los medios recogidas por EP tras una reunión con el alcalde de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). La titular de Hacienda zanja la polémica después de las palabras de ayer de su compañero en el Ejecutivo.
Montero ha señalado que con sus declaraciones ha sido bastante clara. La polémica llega después de que Escrivá apoyara la idea de gravar a ciertos ciudadanos de la región presidida por Isabel Díaz Ayuso. «Hay que seguir explorándolo y tiene mucho recorrido», dijo el titular de Seguridad Social, para añadir: «El concepto de una compensación para aquellas personas que viven en zonas con menos aglomeración y no tienen las economías que genera vivir en grandes espacios donde la productividad es mayor es algo que se ha estudiado y tiene mucho sentido».
En la misma línea planteó que, en un momento en que a nivel mundial «se avanza hacia evitar la competencia fiscal entre países en distintas figuras tributarias, no tiene mucho sentido que a nivel autonómico en España estemos recorriendo el camino contrario». «Tenemos que tener bases tributarias sólidas, fuertes, expandidas y que no estén sometidas a procesos de deslocalización. Debemos abordar este asunto de una forma decidida», sostuvo Escrivá. Este discurso se enmarca, asimismo, en el clima de presión de Podemos para subir los impuestos ya en 2022, y a la espera de una reforma fiscal integral para 2023.
Montero ha abundado en que sería «contraproducente que ningún Gobierno, sea del color político que sea, fuera a trabajar en esa dirección». También ha comentado que buscan no enfrentar a los territorios con sus políticas y dar con la tecla del «consenso, el diálogo, la capacidad de ponernos de acuerdo entre todos los territorios que conforman España para que no se produzcan comparaciones, agravios, para que unas personas piensen que tienen menos oportunidades que otras por el hecho de vivir en un territorio o en otro». «Jamás van a encontrar en este Gobierno nada que enfrente a los territorios», ha destacado.
Reforma autonómica
Lo que todavía sigue pendiente de abordarse es la esperada reforma del sistema de financiación autonómico. Varias regiones solicitaron entrar en este asunto en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), aunque el melón no se abrió al quedar fuera del orden del día.
Se espera que para el último tramo del año ya comiencen las nuevas conversaciones para reformar el sistema. Pero no es el único asunto que tiene por tratar la ministra Montero, que deberá hacer frente a una reforma fiscal de cara a 2023.
Para acometer la reforma fiscal, que Unidas Podemos quiere emprender ya en 2022, Hacienda está esperando al informe del grupo de expertos en este ámbito, que tiene hasta principios del año que viene para entregar su documento.
Source: ABC