Los 20 grandes del planeta han acordado hoy en Venecia el ‘impuesto mínimo global’, una una tasa del 15% ciento que afecta a gran parte de las multinacionales, aquellas con una facturación anual de al menos 750 millones. Hay coincidencia en señalar que se trata de un acuerdo histórico de los ministros de Economía y los banqueros centrales del G-20, reunidos el viernes y el sábado en el Arsenal de Venecia bajo la presidencia de Italia, al dar vía libre a la iniciativa acordada por las naciones del G-7 el mes pasado y respaldada por 130 países (representan el 90% del Producto Interior Bruto mundial) en las conversaciones organizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en París, a principios de este mes.
España ha respaldado en el G-20 «el histórico acuerdo alcanzado en el marco de la OCDE para avanzar hacia un sistema fiscal más justo y sostenible, en una reunión marcada por la recuperación económica y los trabajos para reforzar la cooperación económica multilateral ante los nuevos retos globales», según el Ministerio de Asuntos Económicos.
Su titular y nueva vicepresidenta primera del Gobierno español, Nadia Calviño, ha puesto en valor el acuerdo alcanzado tras años de negociaciones y un trabajo muy activo por parte de España en el marco multilateral para alcanzar un acuerdo. «Este es un acuerdo sin precedentes para tratar de establecer un sistema más justo y sólido a nivel global, adaptado al siglo XXI. Es un acuerdo histórico, pero no es el final del camino, es el principio de un proceso en el que debemos seguir trabajando a nivel global y europeo», ha afirmado.
Desde el ministerio explican que este acuerdo establece nuevas reglas para reasignar los beneficios de las empresas multinacionales de mayor tamaño a los países en los que operan, aunque no tengan presencia física, así como el establecimiento de un tipo mínimo global del impuesto sobre sociedades. Este acuerdo político abre un proceso de negociación para cerrar elementos técnicos y permitir que más países puedan sumarse antes de la reunión de jefes de Gobierno del G-20 en octubre en Roma.
En Venecia, el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, ha dicho que «estoy orgulloso de participar en una jornada histórica, con el acuerdo para una reforma del fisco global». En la misma línea se ha expresado el ministro francés Bruno Le Maire. «Es una revolución fiscal», el objetivo clave de la reforma es impedir que las multinacionales se establezcan en paraísos fiscales.
En el comunicado final del G-20, cuyos países representan el 85% del producto Interior Bruto (PIB) del planeta, se insta, lo que suena casi como un ultimátum, a que todas las naciones, en la OCDE o en la Unión Europea, se adapten a las medidas aprobadas por los 20 grandes del planeta. Es una advertencia clara ocho países que se oponen a las nuevas reglas: Tres son europeos -Irlanda, Hungría y Estonia-, además de Barbados, San Vicente y las Granadinas, Sri Lanka, Nigeria y Kenia. Algunos países, como Las Bahamas y Suiza, con fama de impuestos bajos y centros de inversión, han suscrito también el acuerdo.
Se atarán cabos suelos
Falta por concretar algunos flecos o resolver algunos problemas técnicos del acuerdo. Pero se espera terminar de atar esos cabos sueltos en la cumbre de los líderes del G-20 que tendrá lugar en Roma en octubre próximo. En algunos países hay obstáculos o reticencias. Por ejemplo, en Estados Unidos es probable que el presidente Joe Biden, gran impulsor de esta iniciativa, necesite la aprobación del Congreso para al menos algunos puntos del acuerdo. Kevin Brady, destacado republicano en la Cámara de Representantes, ha descrito el acuerdo como «una rendición económica peligrosa que envía empleos estadounidenses al extranjero».
Otro país que pone resistencia es Irlanda, donde se aplica un impuesto de sociedades del 12,5%, por tanto inferior al 15% del acuerdo en la reforma global del fisco. También Hungría podría poner obstáculos en la negociación europea en Bruselas, donde se requiere la unanimidad. El primer ministro, Viktor Orbán, bajó los impuestos desde el 19% al 9%, para atraer inversiones internacionales. Ante las reservas de algunos países, el ministro francés Bruno Le Maire dijo estar seguro de que naciones «dudosas» como Irlanda y Hungría se convencerán antes de octubre. Por su parte, el ministro alemán Olaf Scholz ha advertido que «los países que son contrarios tendrán que adaptarse al nuevo acuerdo».
En cualquier caso, se espera que el nuevo impuesto global se ponga en práctica en el 2023. Cuando entre en vigor, tendría que desaparecer, según solicita Estados Unidos, la ‘tax web’, es decir, las tasas digitales que desde hace poco cobran algunos países, como España, Francia e Italia, a las grandes multinacionales: Facebook, Apple, Google, Amazon, Apple y otras. Bruselas tenía previsto imponer un impuesto a los colosos digitales, cuya legitimidad rechaza Estados Unidos. A este respecto, el comisario europeo y Gentiloni ha precisado que «estamos trabajando para definirlo y sin duda será coherente con los acuerdos internacionales, no será discriminatorio y se evitará la doble imposición».
Según cálculos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el «impuesto mínimo global» podría generar ingresos añadidos a los países por valor de unos 150.000 millones de euros, que en buena parte hoy escapan al fisco. Italia podría recaudar más de 6.500. Se trata de cantidades muy superiores a las que ahora se ingresan por la ‘tax web’, que en el caso de Italia permitirá ingresar en este año 590 millones de euros (en el 2020 con este impuesto Italia solo recaudó 233 millones, frente a los 780 millones que se habían previsto).
Source: ABC