El Consejo de Ministros ha aprobado en la reunión de este martes el recurso de inconstitucionalidad contra la ley catalana de vivienda que la Generalitat elaboró para, entre otros aspectos, poder intervenir los precios del alquiler. No obstante, como había avisado el PSOE en las últimas horas, el Gobierno no solicita al tribunal de garantías la suspensión cautelar de la norma.
Según ha explicado la ministra portavoz, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión, es porque la coalición espera aprobar «antes del verano» la ley de vivienda a nivel nacional que PSOE y Unidas Podemos (UP) acordaron en su pacto. Lo pactaron, eso sí, con el doble compromiso de los socialistas a limitar los precios del alquiler, algo que ahora rehúye el partido del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y pese al envite por parte del PSOE que supone esta declaración, fuentes de Unidas Podemos insisten en que Díaz no aceptará otra cosa que no sea cumplir con el compromiso.
«Espero que haya acuerdo con Unidas Podemos antes del verano para que podamos llevar la ley al Consejo de Ministros antes de las vacaciones. Por eso no se ha solicitado la suspensión cautelar, muchos de estos elementos que se impugnan se incorporarán en esta ley», ha explicado Montero. Unas palabras que no convencen a sus socios de Gobierno. En paralelo, desde el Congreso, el presidente del grupo parlamentario morado, Jaume Asens, tildaba la decisión de «error».
Montero ha explicado que la impugnación del Ejecutivo llega después de meses intentando llegar a un acuerdo con la Generalitat sin éxito. Y ha recordado además que el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, así como el Consejo de Estado, estableció que existían criterios relativos a la inconstitucionalidad en la ley catalana.
La negociación de la ley de vivienda ha generado uno de los pulsos más sonados en el seno de la coalición y de hecho la normativa acumula ya un retraso de meses en el calendario previsto. Precisamente la causa del bloqueo fue el límite a los precios del alquiler, algo a lo que se ha negado el PSOE –solo dispuesto a ofrecer exenciones fiscales–, mientras que se considera un punto irrenunciable para Unidas Podemos.
En el entorno de la formación morada ha incomodado especialmente esta cuestión, pues se trata de un acuerdo al que el PSOE habría accedido hasta en dos ocasiones, una en el acuerdo de coalición y otra después en el marco de los Presupuestos Generales del Estado, acuerdo que dio aire a la legislatura.
Naturalmente, los socios de investidura de Sánchez también están descontentos con esta decisión. ERC, Bildu, Más País y Compromís son formaciones que apoyaron las cuentas y el Gobierno por ese compromiso, entre otros.
Source: ABC