El Tribunal Constitucional ha tumbado el Real Decreto Ley 15/2020 de medidas laborales y fiscales por el que, entre otros aspectos, el Gobierno aprovechó para integrar el régimen de clases pasivas a la Seguridad Social, en las que están incluidos funcionarios de carrera de la Administración, militares o altos cargos políticos. Un régimen que en la actualidad comprende más de 650.000 funcionarios jubilados y que supone un gasto superior a los 15.000 millones de euros.
Esto es debido que el traspaso a la Seguridad Social no reunía los requisitos de urgente y extraordinaria necesidad, según ha señalado el sindicato que representa a las Administraciones Públicas, CSIF. En este sentido asegura que «como ha quedado recogido en la sentencia, el Gobierno hizo un mal uso del Real Decreto».
Como denuncia el sindicato, el 22 de abril del año pasado, el Gobierno «aprovechó este real decreto para traspasar la gestión de Clases Pasivas a la Seguridad Social». Así, modificó de manera unilateral la gestión de las prestaciones y pensiones de los funcionarios, «sin debate parlamentario previo y sin haber consultado a las organizaciones sindicales mayoritarias en este colectivo».
Esta situación había generado cierta crispación entre los trabajadores de sector público. «De hecho, el temor de los funcionarios a ver recortados sus derechos de pensión había provocado una oleada de jubilaciones anticipadas», señalan desde el sindicato.
Entre junio y diciembre de 2020 se produjeron 10.387 jubilaciones voluntarias a los 60 años de edad, un 26,2 por ciento más que en el mismo período de 2010, como reconoció el propio Gobierno en una respuesta parlamentaria al PP
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Source: ABC