El reloj ya marca la cuenta atrás para la aprobación de las medidas laborales enviadas a Bruselas dentro del Plan de Recuperación en base a los plazos que se han fijado desde el Gobierno. «Nunca más escucharemos a un gobierno decirle a los ciudadanos que toca ajustarse el cinturón», defendió ayer la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, pese a que el documento incluye subidas fiscales para poder conseguir, a largo plazo, cerrar la brecha de ingresos públicos con Europa. Un plan que también ha matizado la titular de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, abundando que las medidas contempladas serían insuficientes para ingresar los 80.000 millones a los que aspira para conseguir el nivel de recaudación con Europa.
Del lado de las reformas, Díaz fue tajante al afirmar que todas las reformas «tienen que estar publicadas en el BOE antes de que culmine 2021» porque «los plazos en derecho no se discuten, se cumplen». En respuesta a las preguntas de los periodistas, Díaz avanzó además que llegará a acuerdos con los agentes sociales antes de que termine el año en curso porque «los fondos europeos dependen de estas transformaciones de país».
«El ‘componente 23’ es archiconocido por quienes se reúnen en la planta cuarta de este Ministerio. Aunque nunca doy plazos por si no se cumplen, en este caso nos jugamos nuestro país. Y creo que las cifras de precariedad no se pueden extender más», abundó la titular de Trabajo. «Nos hemos fijado una fecha y hay que cumplirla», añadió.
Durante la presentación de las medidas en materia laboral remitidas a la UE, Díaz consideró que el Gobierno va a «provocar una auténtica revolución en el mercado de trabajo español». Para la vicepresidenta tercera, «la legislatura empieza ahora» y no dudó en expresar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ella están «más unidos que nunca». «No vamos a Europa a aprender, Europa también aprende con lo que España está haciendo», presumió Díaz, quien hizo un repaso por leyes como la relativa a los ‘riders’ –que llega hoy al Consejo de Ministros–, la del trabajo a distancia o el real decreto de igualdad salarial.
En esta línea, la ministra de Trabajo afirmó que se va a «reescribir un nuevo contrato social» con la estabilidad del empleo como eje central para que los jóvenes y los mayores de 45 años no se queden fuera del mercado laboral a la vez que se garantiza el acceso a la pensión de jubilación. Para Díaz, la reforma laboral que plantea no solo supone una «enmienda» a la del PP de 2012, sino que va mucho más allá por su «ambicioso» contenido. Díaz comentó que estas transformaciones en el mercado laboral no se pueden llevar a cabo sin poner a los jóvenes en el centro para saldar la «enorme deuda» de la sociedad española con ellos.
Una de las novedades que quiere implantar Trabajo es la simplificación de las ayudas de protección por desempleo de larga duración o para parados que no hayan cubierto el período mínimo de cotización, así como la creación de una nueva prestación que integraría a todas las existentes y que entraría en vigor a partir de 2022. Según figura en el documento, la cuantía ascendería al 80% del Iprem, esto es, 451,90 euros al mes, según el indicador de 2021.
¿Bajadas fiscales?
En el costado fiscal, el grueso de cambios tributarios que el Gobierno aprobará esta legislatura entrarán en vigor cuando el PIB alcance su nivel precrisis. En el Plan de Recuperación remitido a Bruselas el Ejecutivo se compromete a que la reforma fiscal irrumpa en 2023, fecha que se corresponde a cuando el cuadro macroeconómico estima que la economía recobrará su nivel de 2019, explicó en rueda de prensa la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
El Gobierno espera un crecimiento del 7% en 2022, eso sí. ¿Qué ocurrirá si no se cumplen estas estimaciones? «Todo irá según las previsiones. Si no llegamos a ese momento, todo el calendario cambia», afirmó Montero, señalando que la reforma se graduará según se recupere la economía. La también portavoz del Gobierno abrió la puerta, incluso, a que se aprueben bajadas puntuales de impuestos en 2023, último año de legislatura, dentro de la reforma fiscal: «Si así lo propone el comité de expertos, incluso podría haber bajadas de impuestos».
En todo caso, defendió que con las propuestas que se incluyen en el plan, España seguirá sin cerrar la brecha de ingresos públicos con Europa, de 7,2 puntos del PIB, equivalente a 80.000 millones de euros. También añadió que continuará recaudando menos por la fiscalidad medioambiental que la media de la Eurozona. Como fuere, la fiscalidad que afecta a la movilidad irá en un paquete aparte, señaló, en lo que afectará a los cambios fiscales al diésel, matriculación y circulación.
Source: ABC