La Fiscalía Anticorrupción solicita una condena de cuatro años y medio de prisión para el exconsejero Delegado del Grupo Dia, Ricardo Currás y penas de tres años y un día para sus exdirectivos Amando Sánchez Falcón, Antonio Arranz, Juan Cubillo y Luís Martínez por un delito continuado de falsedad en las cuentas de la compañía que se tradujo en un descuadre de 57,2 millones de euros.
Según informan en fuentes jurídicas a ABC, el escrito de acusación de la Fiscalía sitúa a Currás como autor del delito, mientras los otros cuatro habrán de responder en calidad de cooperadores necesarios. En el caso del grupo empresarial, se sentará en el banquillo en calidad de responsable civil subsidiario.
Además de la pena de cárcel, Anticorrupción solicita multa de 13.500 euros para Curras y que indemnice a Dia con más de 275.000 euros, de acuerdo a las mismas fuentes. Para el resto, la sanción económica es menor, en torno a los 3.600 euros y la responsabilidad subsidiaria queda a expensas de lo que dirima la Sala durante el juicio.
El pasado 26 de febrero,
el juez de refuerzo del Central 6, Alejandro Abascal, acordó la continuación del procedimiento
contra estas cinco personas y puso fin a la instrucción iniciada en 2019 a partir de la querella impulsada por accionistas de Dia, dado que la reexpresión de las cuentas de 2017 en el año 2018 supuso un desplome de la acción por encima del 14%.
Artificios contables
Según las conclusiones iniciales, Currás consejero delegado en aquella etapa, utilizó su posición para maniobrar sobre determinadas partidas de la contabilidad de Dia España ante el empeoramiento progresivo de los resultados del grupo y la caída de la acción a partir del año 2015.
En concreto, se le atribuyen órdenes que alteraron el cómputo de determinadas magnitudes «que no respetaban la normativa contable, ni la realidad del negocio, pero permitían mejorar resultados, tanto del año 2016 como los del año 2017, al haber sido especialmente los de 2017 inferiores a las expectativas, dadas las bajadas de precios que el grupo se vio obligado a hacer en España para relanzar las ventas».
Entre estas prácticas, consta una previsión de ingresos no justificados procedentes de la negociación con proveedores por importe de 6,3 millones de euros, la incorrecta contabilización de ingresos por cargos de proveedores de marca propia hasta 21,7 millones de euros, la eliminación no justificada de la provisión de facturas pendientes de recibir por importe de 18,3 millones de euros y el pago de bonus y gratificaciones al personal por valor de 5,5 millones.
Las órdenes, de Currás
El instructor, como Anticorrupción, atribuye a Currás la orden de que no se realizasen tales provisiones en los ejercicios de 2016 y 2017 para que sobre el papel no se viesen minorados los resultados de la compañía, maniobra que pudo realizar por «la posición de confianza con la que contaba ante el Consejo de Administración y la posición de superioridad jerárquica que tenía ante todo el personal de la alta dirección».
El problema es que el balance no era real y la diferencia se fue arrastrando año tras año generando un acumulado cada vez mayor con la esperanza de que acabasen remontando los resultados de la empresa para ir compensando el agujero sin que nadie se diese cuenta.
Pero ese momento no llegó y en 2018 Dia tuvo que reexpresar las cuentas del año anterior, aunque afectó también a los números de 2016, descalabrando el balance por importe de 57,2 millones de euros y generando un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que impactó directamente en el valor de las acciones.
Todo, según el instructor, ocurrió con la connivencia del número dos de Currás, Amando Sánchez Falcón, y de Antonio Arranz, Luis Martínez y Juan Cubillo, que se «allanaron a seguir las indicaciones» y pudiendo hacerlo, nunca avisaron al Consejo ni a los auditores de lo que estaba ocurriendo.
Source: ABC