Avanzar hacia una economía más sostenible no es una opción. La descarbonización exigida por la Unión Europea tiene que ocurrir sí o sí, y no solo porque sea un objetivo o una petición de nuestros socios, sino por el bien de nuestro propio país, por nuestro presente pero sobre todo por nuestro futuro. No podemos dejar a nuestros hijos una deuda infinita y además un planeta explotado y casi destruido. Pero hay muchas maneras de hacer la transición y hay que optar por la que haga el menor daño posible al crecimiento económico y al empleo. Y ahí es donde está la diferencia entre cómo actúan unos países u otros.
La lógica dice que hay que ir paso a paso, marcándose objetivos de reducción de emisiones, pero sin demonizar ningún tipo de energía o de tecnología, y cuidando mucho de los efectos que cada medida puede tener. Y en España tenemos experiencia de las consecuencias de hacer apuestas demasiado arriesgadas que luego tenemos que pagar todos. Y me refiero a las primas a las renovables. En el año 2007, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó un decreto que fijaba un marco retributivo para favorecer la rentabilidad de las renovables e impulsar su expansión. Estas primas garantizaban, con ciertas condiciones, una rentabilidad en torno al 7%, aunque llegó a dispararse a cerca del 20%. Con estos incentivos muchos inversores y empresas apostaron decididamente por este tipo de energías, y si el objetivo era llegar a instalar 400MW en tres años, tres meses después de su aprobación ya casi se habían alcanzado esas cifras y en un año se habían duplicado los objetivos previstos. En total, entre 2007 y 2012 se instalaron en España 19.000 MW de renovables, que convirtieron a España en referente internacional en el sector, pero a costa de los sufridos consumidores, que tuvimos que pagar, y que todavía seguimos pagando en nuestros recibos de la luz, con el conocido déficit de tarifa, esas elevadas rentabilidades a los inversores en energía verdes.
El problema no fue solo eso, sino que al dispararse todas las previsiones y elevarse tanto los costes del pago de esas primas a las renovables, cuando tuvieron que recortarlas, en el año 2012 se creó una inseguridad jurídica que todavía se está dirimiendo en los tribunales. Después de más de una década, y de los recortes que se llevaron a cabo, los consumidores todavía pagamos el año pasado en nuestros recibos de la luz más de 6.000 millones de euros para pagar esas primas a las renovables. Está claro que no se calculó muy bien el impacto de esa normativa, aunque sí es cierto que sirvió para dar un impulso a estas energías. Ahora volvemos a la carga con las energías verdes y está muy bien, pero el ser más papistas que el Papa tiene sus riesgos. Yme refiero, por ejemplo al cierre de las centrales térmicas. Así, mientras en algunos países de Europa se siguen construyendo nuevas centrales térmicas de carbón, la mitad de las que había en España cerraron el pasado verano y el resto tienen sus días contados. De hecho nuestro país se convertirá, problablemente, en el país europeo que antes prescindirá de este tipo de energía. Pero el ser tan rápidos tiene costes, que se pagarán en empleo y está suponiendo un castigo para la España vaciada.
Hace unos días coincidí con el presidente de la Xunta de Galicia, Ignacio Núñez Feijóo, en un plató de televisión en el que los periodistas le preguntamos por la venta de la sede de Génova, los malos resultados del PP en Cataluña… las cosas con morbo. Pero en los minutos previos a la entrevista, sin la luz de los focos, hablamos de las cosas de comer. Venía de reunirse con la vicepresidenta Ribera para hablar de proyectos financiables con fondos europeos. «Le ha encantado uno de nuestros proyectos de utilizar el bosque gallego en la industria textil», aseguraba, pero hay otros muchos proyectos no tan verdes que quedan en el aire. «En Galicia tenemos 15.000 empleos en el aire», me comentaba, y se quejaba del anunciado cierre de la planta de Endesa en As Pontes después de que la eléctrica haya invertido 200 millones de euros para seguir operativa. Y culpaba al Gobierno por no querer reducir los costes de las emisiones. Quizás una transición un poco menos brusca sería más adecuada.
Source: ABC