El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha dado un paso más en la hoja de ruta de diez medidas que se marcó a mediados del año pasado para salvar al aceite de oliva. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto que le permitirá, en casos de grave desequilibrio en el mercado, ordenar a todos los operadores la retirada temporal de producto hasta la campaña siguiente, e incluso, determinar su destino no alimentario.
Todo ello, previa consulta con las comunidades autónomas y las principales organizaciones agrarias; la financiación correría de parte del propio sector, que se beneficiaría del reequilibrio de los precios y, por lo tanto, de las remuneraciones a los productores.
El sector del olivar, que ocupa en España a más de 350.000 agricultores y genera más de 15.000 empleos en la industria transformadora, se encuentra condicionado por la volatilidad de los precios y el fenómeno de la vecería, por el que este cultivo alterna campañas con producciones muy elevadas con otras de rendimientos inferiores.
La nueva norma, que adapta el artículo 167 bis de la Organización Común de los Mercados Agrarios (OCMA) de la Unión Europea (UE), extiende al olivar una práctica ya presente en el vino y que pasaba por ser una de las reivindicaciones de España en la negociación de la nueva PAC 2021-2027. De esta forma, se busca que las retribuciones de los olivareros no se vean mermadas por una fuerte caída de los precios.
El olivar es clave dentro del sector agroalimentario español, ya que es líder mundial en producción y exportaciones. En concreto, se produce una media anual de 1,4 millones de toneladas de aceite que se cultiva en 2,7 millones de hectáreas situadas en 15 de las 17 comunidades autónomas. Además, este producto cuenta con 31 indicaciones geográficas protegidas y denominaciones de origen.
Decálogo para «salvar» el olivar
Las diez medidas que puso sobre la mesa Planas en junio afectan a aspectos tan diversos como la regulación de la oferta, la calidad y trazabilidad del aceite, así como la promoción en el extranjero. En concreto, Agricultura espera que ya estén en vigor dos decretos: uno sobre el etiquetado, para que como en la miel, el consumidor distinga entre la producción ligada al olivar tradicional y el intensivo; la otra norma persigue mejorar la calidad, evitando prácticas como las mezclas de aceites.
El decálogo también recoge el proceso de autorregulación voluntaria, que permitirá almacenar temporalmente hasta el 10% de la producción, además de otras medidas ya aprobadas en la nueva PAC, como un programa específico para el olivar en la línea del existente para el vino. También se hace alusión a un refuerzo en las acciones de promoción en el extranjero, tanto dentro de la Unión Europea (Alemania y Reino Unido) como en terceros países (China, Brasil, estados Unidos…).
Modificaciones en la cata de aceites
El aceite tiene la peculiaridad de ser el único producto agroalimentario en el que se usa la cata, como método para distinguir una categoría de la otra. Una metodología avalada por el Comité Oleícola Internacional y la Unión Europea.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a una modificación de la normativa que regula los paneles de catadores de aceite de oliva virgen. El objetivo, han asegurado desde Agricultura, es avanzar en la armonización y mejora de la formación de sus integrantes «y la supervisión que se realiza de estos equipos». Por ejemplo, los catadores oficiales deberán ser designados por las autoridades competentes y superar determinadas pruebas de aptitud periódicas. También se da margen para que las autoridades realicen las acciones de evaluación y verificación oportunas, para evitar conflictos de interés. De igual modo, se introducen nuevas exigencias para los jefes de panel que deberán acreditar una experiencia mínima de dos años y se crea la Mesa de Jefes de Panel para coordinar sus actuaciones.
Source: ABC