El sector inmobiliario no ha tardado en responder a Unidas Podemos, ante las intenciones del ala morada del Gobierno de obligar a los grandes propietarios a destinar el 30% de sus viviendas al alquiler social. Desde organismos como la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) aseguran que esta medida supondría en la práctica «una expropiación», además de ser contraria a la seguridad jurídica que necesita España para desarrollar el alquiler. «Esto va en contra de la confianza que reclaman inversores nacionales e internacionales que quieren operar en este mercado, y afecta a nuestra imagen como país», señala el organismo.
Desde el organismo que representa a más de 30.000 viviendas entre propietarios particulares y grandes tenedores, también avisan de que medidas de este calado llevarán detrás una multitud de reclamaciones ante el Estado por responsabilidades patrimoniales y económicas ante los tribunales ordinarios españoles, así como ante organismos y cortes internacionales. Como precedente, la anulación el pasado jueves por parte del Tribunal Constituciona
l del decreto aprobado por la Generalitat de Cataluña que obligaba a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social a los okupas en una situación de vulnerabilidad.
Además explican que sería un varapalo sin precedentes a las vías de colaboración público-privadas en las que quiere trabajar el Gobierno en materia de desarrollo del mercado de vivienda en alquiler en España. En este sentido aseguran que supone otra piedra en el camino para poder desarrollar el mercado del alquiler al nivel del resto de países europeos, además de recordar al ala morada del Gobierno que «la Administración no puede cargar sobre el sector privado la responsabilidad del Estado de dotar vivienda pública a los colectivos vulnerables».
A la propuesta de Unidas Podemos también ha replicado el fondo Blackstone, que ha recordado durante un acto organizado por pwc, a través de su gestor Eduard Mendiluce, que «la vivienda social es competencia 100% del Gobierno», y que solo negociarían una colaboración público-privada en el terreno de la vivienda asequible.
Los planes de la vicepresidencia de Derechos Sociales pasan por incluir esta norma en la nueva Ley de Vivienda que prepara el Gobierno de coalición. Una Ley que llegará con retraso por el enfrentamiento que mantienen las dos alas del Ejecutivo, entre otras razones, por el desacuerdo en las exigencias de Unidas Podemos, que, además de esta norma, también propone la prohibición permanente de desahucios sin alternativa habitacional a familias vulnerables y los límites al alquiler. Sobre esta última proposición, que quedó recogida en el acuerdo de los Presupuestos Generales del Estado, Unidas Podemos asegura que desde entonces no ha obtenido respuesta por parte del PSOE.
La secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, desvelaba hoy, durante su intervención en la comisión mixta para la coordinación y seguimiento de la estrategia española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la propuesta que pretende acabar «con la emergencia habitacional y que conseguiría aumentar el parque público de vivienda en 150.000 más durante los próximos meses».
Source: ABC