El presidente Ejecutivo de Ahorro Corporación, Antonio Fernández, ha comunicado al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que desiste de acusar al comisario José Manuel Villarejo por las maniobras que habría realizado contra él por cuenta de un encargo de la empresa Persán.
El escrito, al que tuvo acceso ABC, se presentó este miércoles, cuando Fernández estaba citado en calidad de perjudicado para declarar sobre aquel encargo, denominado ‘Proyecto Saving’, por el que Villarejo habría accedido a todo tipo de información personal sobre él.
«Esta parte renuncia al ejercicio de acciones y nada tiene que reclamar, por lo que solicitamos del Ilmo. Juzgado Central de Instrucción que tenga a esta acusación particular por desistida del ejercicio de la acción penal, y por apartada de este procedimiento, con los efectos que procedan», dice el escrito firmado por el ahora abogado y antes fiscal Javier Polo.
Esta investigación, que constituye la pieza número 25 de la treintena que acumula el caso Tándem sobre el Villarejo, se abrió en enero de 2020 y se sigue por cohecho y revelación de secretos en relación al encargo que Persán realizó a la empresa Cenyt del comisario en el año 2011 para mejorar la posición jurídica del fabricante de detergentes.
Todo, porque Ahorro Corporación había recomendado a Persán, presidida por José Moya Sanabria, invertir en Martinsa-Fadesa meses antes de que entrase en concurso de acreedores. «La compra de acciones realizada por José Moya, quien era titular de un crédito a su favor contra la masa de la constructora, al parecer se ocultó por Fernando Martín a la
administración concursal, no apareciendo como acreedor José Moya en el concurso«, conforme resumía el juez instructor en un auto del pasado mes de octubre.
Así las cosas, Moya realizó diversas acciones para reclamar el crédito pero no tuvo éxito y empezó a «sospechar que podría haber algún tipo de influencia por parte de Fernando Martín y su círculo sobre el Juez, los Administradores Concursales e incluso los Interventores».
Dos directivos y un exsenador del PSOE
«José Moya considera responsables de su situación no solo a Fernando Martín sino principalmente a Antonio Fernández López, la persona que le aconseja realizar la operación de compra de acciones», relata el juez Manuel García Castellón.
Por eso, encargó a Cenyt una operación que tendría tres fases: «Recuperar el Estatus Jurídico de José Moya. Disponer de Capacidad Negociadora para beneficiar los intereses de José Moya. Cobrar y/o Dejar de aparecer como deudor ante la CECA de esa suma importante de dinero».
Pagaron desde Persán 414.180 euros con facturas emitidas por tres mercantiles distintas de Cenyt y además de José Moya, participó en el desembolso el entonces director financiero de Persán, Raúl Jara. Ambos están imputados, como Villarejo y el abogado de sus empresas Rafael Redondo.
No obstante, también consta como investigado Francisco Rodríguez Martín, al que en los audios que obran en la causa, Moya Sanabria y Villarejo se refieren como «Curro». Es vicepresidente de la Fundación Persán, así como exsenador del Grupo Socialista y hasta 2019, cuando fue cesado, era vicepresidente de la RTVA. En su comparecencia como imputado este miércoles se acogió a su derecho a no declarar.
La Fiscalía Anticorrupción no solicitó que fuese investigado, pero el juez le citó en esta calidad porque entiende que «tuvo un papel esencial en la materialización del encargo». El auto explica que obró «como intermediario entre el cliente Persán y los responsables máximos del Grupo Cenyt» dado que era una «persona de la entera confianza de José Moya» y que, a la luz de las conversaciones intervenidas, «parece mantener un amplio círculo de contactos entre otros altos mandos del Cuerpo Nacional de Policía».
Tráficos de llamadas, datos personales
De acuerdo a la documentación intervenida al comisario, para ejecutar el proyecto contaron con ingente cantidad de datos personales de una decena de personas, incluido el juez de lo Mercantil que vio el asunto, así como con los tráficos de llamadas del presidente de Ahorro Corporación y otros dos allegados.
No obstante, entre los principales objetivos estaba Fernando Martín, que fue investigado, así como su familia, sus empresas y su entorno; y el constructor Luis Portillo, igualmente bajo la lupa de Villarejo, como su mujer y sus dos hijos. A todos ellos el juez les ha ofrecido ejercer acusación, la misma a la que ha renunciado Fernández, que sí había pedido expresamente a la Audiencia Nacional que le tuviera por personado.
Source: ABC