El Salario Mínimo Interprofesional ha subido en España casi un 30% en apenas dos años, pasando de 733 euros en 2018 a 950 euros en 2020. Los Presupuestos para el próximo año de momento prevén su congelación, pero la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tiene encima de la mesa una nueva subida para situarlo en 1.000 euros el próximo ejercicio. Los objetivos son loables: hay que proteger a los colectivos más débiles y vulnerables garantizándoles un salario mayor, hay que reducir las diferencias entre los que más y menos ganan…. Sin embargo la experiencia demuestra que alzas abruptas, como las que se han llevado a cabo en España en los últimos años, lejos de conseguir los fines deseados pueden ser contraproducentes.
El pasado viernes el informe del FMI sobre España incluía un estudio sobre el impacto de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 8% en 2017, todavía bajo el Gobierno de Mariano Rajoy. Según el organismo, esta subida elevó la probabilidad de perder el trabajo, sobre todo, en trabajadores a los que se les aplicaba y que tenían más de 37 años, además de los jóvenes de comunidades con salarios más bajos como Canarias o Extremadura. Lo mínimo que podemos pensar es que si esto es lo que ocurrió con la subida del salario mínimo del 7%, el alza del 22% que se aplicó en 2020 habrá expulsado del mercado laboral hacia el paro o hacia la economía sumergida a muchos más trabajadores, aunque probablemente la pandemia haya desdibujado la situación. Esperemos que la ministra Yolanda Díaz y los técnicos de su ministerio se lean con detenimiento el informe del FMI y tomen buena nota para al menos aparcar su intención de volver a subir el SMI el próximo año.
Pero estas afirmaciones no son los únicos dardos que el FMI lanza contra la política económica del Gobierno de coalición. Considera el Fondo que la reforma laboral que aprobó el Gobierno de Rajoy y que Sánchez y sus socios quieren derogar fue positiva porque no solo ha permitido crear empleo, sino que, además, ha disminuido la desigualdad. Y aboga por el contrato único que un grupo de 100 economistas recomendaron a Rodríguez Zapatero hace ya más de una década, allá por 2009, y por la tan traída y llevada mochila austriaca, que haría un mercado mucho más flexible y ayudaría a acabar con la dualidad del mercado de trabajo con unos trabajadores fijos muy protegidos y unos trabajadores temporales sin apenas indemnización. Y tampoco le hace la más mínima gracia al organismo internacional que el Gobierno destine más de 3.000 millones a subir sueldos públicos y pensiones. Una enmienda casi a la totalidad de los presupuestos.
Las cifras. El salario mínimo ha subido en España cerca de un 30% en solo dos años y alcanza ya los 950 euros mensuales. Según el FMI la subida del 8% que aprobó el Gobierno del PP en 2017 provocó que «los empleados con salario mínimo mayores de 37 años y con una antigüedad de al menos nueve meses, pero menos de seis años, tenían 17 puntos porcentuales más de probabilidad de perder sus trabajos debido al aumento del salario mínimo que los trabajadores que ganan un poco más del salario mínimo que no se vieron afectados».
Ana Botín, presidenta del Banco Santander – AFP
Los ajustes llegan a la banca con o sin fusiones
Que las fusiones bancarias del pasado y las que se avecinan se han traducido y se van a traducir en cierre de oficinas y en recorte de empleo es una realidad. De hecho el principal sentido de las fusiones es el ahorro de costes que permiten las sinergias de las entidades, como ocurrirá con la operación CaixaBank-Bankia. Pero como vimos el pasado viernes, los ajustes en el sector financiero no se producirán solo por las fusiones. El Santander anunció el viernes el mayor ERE de su historia, que afectará al 15% de la plantilla, 4.000 empleados. Los bancos se preparan para la que se avecina y no es, precisamente, una situación fácil. El Banco de España ha vuelto a insistir: nada de dividendos.
Source: ABC