El Gobierno ha aprobado esta semana el Real Decreto 736/2020 que regula la instalación de contadores individuales en los edificios con sistema de calefacción y refrigeración central, con el objetivo de medir de forma individualizada el consumo de cada vecino. De esta forma, se ha completado la trasposición de la Directiva Europea 2012/27 de Eficiencia Energética. Una norma que afectará a edificios construidos con anterioridad a 1998, año en que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en edificios y que cambiará la forma en que se factura el gasto en calefacción de miles de hogares españoles, que podrían llegar a ahorrarse 18 euros al mes, según fuentes del sector.
Esto afectará, estiman desde la Asociación Española de Repartidores de Costes de Calefacción (AERCCA), a 1.100.000 viviendas en toda España (unas 100.000 viviendas ya contaría con este sistema instalado)
. El Gobierno ha diseñado un calendario para la adaptación que tiene fijado como fecha final mayo de 2023.
En concreto, el real decreto divide a España en diferentes zonas climáticas (A,B,C,D y E). Por ejemplo, en A y B no será obligatoria la instalación de estos contadores (Islas Canarias, parte de la costa valenciana o las Baleares). En cambio, por ejemplo, los primeros en tener que instalar estos medidores individualizados en edificios de 20 o más viviendas hasta el 1 de febrero de 2021 es la zona E (Pirineos, norte de Castilla, Sierra de Madrid…). También se tiene en cuenta otros requisitos como que el presupuesto determine que la instalación es viable desde los puntos de vista técnico y económico. A partir de ahí, hay un periodo de 15 meses, para instalar los contadores individuales.
Pero, ¿qué costes tienen este tipo de instalaciones (adquisición, lectura, mantenimiento….)? ¿Pueden suponer un ahorro? Al respecto, el presidente de AERCCA (Asociación Española de Repartidores de Costes de Calefacción) y director general de Ista Spain Ignacio Abati ha explicado que «el 90% de las comunidades de propietarios eligen la opción del alquiler, que implica que una vivienda media deba pagar unos 7 euros al mes por todo el servicio (los dispositivos, la instalación, el servicio de lectura, etc…)». La otra opción, ha añadido Abati, pasa por adquirir los medidores, «lo que para una vivienda media puede representar 150 euros el primer año, aparte el servicio de lectura y mantenimiento de los aparatos que ronda los 24 euros anuales». Lo que resulta relevante, es que en este tipo de aparatos – ya instalados en unas 100.000 viviendas- suelen firmarse contratos de larga duración (de unos 10 años). Por ello, en esta actividad dan mucha relevancia a la relación con el cliente.
210 euros anuales de ahorro
Con la primera opción no habría un desembolso inicial y, como han argumentado desde la citada asociación, esta inversión inicial es el grueso del gasto para las empresas del sector.
En este sentido, desde AERCCA han citado varios estudios en los que se habla de un porcentaje de ahorro del 24% del consumo de las viviendas en que ya están instalados. Es decir, 210 euros al año y 18 euros mensuales, restándole los 7 euros del alquiler. Abati ha apuntado también que «cuando pagas lo que consumes, sueles ser más ahorrador y tienes cuidado de apagar o encender la calefacción según tu confort: eres más precavido».
3.000 empleos
Esta patronal también ha estimado el real decreto podría tener un impacto de unos 150 millones de euros anuales sobre su labor y la generación de unos 3.000 empleos «fundamentalmente de actividades castigadas por esta crisis como los instaladores que son los que se van a beneficiar de esta medida».
El también director general de Ista Spain ha recomendado que «las cosas se hagan bien desde el principio» y apuntado a la necesidad de que haya «instalaciones con calidad», que las personas que entren en las casas estén bien formadas y que se instalen medidores homologados siempre «con criterio».
Source: ABC