El Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol ha acordado este viernes, en Consejo de Gobierno, iniciar los trámites para proceder a la congelación del sueldo de los 34.000 funcionarios de la Comunidad. Inicialmente, estaba previsto que los empleados públicos del Govern cobrasen un 2% más de sueldo este año, que era el incremento porcentual que en enero había fijado el Gobierno central para todos los funcionarios en España. Sin embargo, el Govern ha decidido ahora aplicar la citada congelación salarial, que le permitirá un ahorro de unos 39 millones de euros este año, para hacer frente a las consecuencias derivadas de la pandemia del coronavirus.
La consejera de Administraciones Públicas y Modernización, Isabel Castro, ha explicado este viernes que la congelación salarial acordada ahora para los funcionarios estaría en la misma línea que otras aprobadas recientemente en el sector privado, por ejemplo en los convenios de hostelería, comercio o transporte discrecional. «La prioridad de este Govern es mantener los derechos de los funcionarios públicos, de manera que ningún funcionario público verá reducida su nómina en un solo euro respecto a lo que cobraba en diciembre de 2019», ha recalcado la consejera. Además, ha dicho que la congelación salarial afectará también a los cargos políticos. En cualquier caso, Armengol ha recibido ya las primeras críticas por parte de los sindicatos y de la oposición.
Castro ha justificado la medida adoptada ahora por el Govern en la necesidad de «poder seguir contratando profesionales, en un momento como el que estamos viviendo, en servicios esenciales como pueden ser salud, educación y el resto de servicios esenciales de los servicios generales». En ese contexto, la consejera ha recordado, por ejemplo, que desde que se decretó el estado de alarma por el Covid-19 el Servicio de Salud «ha contratado a 900 profesionales sanitarios para reforzar todos los niveles asistenciales, a los que se unirán en breve 40 rastreadores». En el ámbito educativo, Castro ha destacado que el consejero Martí March «ya anunció la contratación de 458 docentes».
Cuestiones legales
Para poder hacer posible la congelación salarial anunciada este viernes, el Gobierno balear deberá aprobar antes del 31 de diciembre de este año una resolución que solventará las cuestiones técnicas y de carácter legal que implica tomar una medida de estas características. En dicha resolución se procederá, por una parte, al aumento del 2% en el sueldo base y en los trienios de los empleados públicos, para cumplir con la legislación estatal, si bien al mismo tiempo se procederá, por otra parte, a la reducción del 2% en los complementos retributivos autonómicos. Ambas medidas se tomarán en paralelo, con efectos retroactivos al 1 de enero de este año, por lo que de facto se aplicará la mencionada congelación salarial.
La consejera ha indicado que la congelación en los sueldos de los empleados públicos de Baleares se mantendrá hasta que haya una recuperación del PIB al nivel en que dicho indicador económico se encontraba el pasado año. Por tanto, todo apunta en estos momentos a que la anunciada congelación salarial se podría mantener hasta el final de la actual legislatura, dentro de tres años. Como se ha indicado, la medida anunciada este viernes ha recibido ya las primeras críticas. Así, el secretario general del PP balear, Toni Fuster, ha pedido a Armengol que «en lugar de recortar el salario a los funcionarios, recorte a la mitad el número de asesores y cargos políticos». Según Fuster, en los cinco años que ya lleva Armengol como presidenta de la Comunidad, los cargos políticos «se han incrementado de 122 a 231».
Por su parte, el presidente del Sindicato Médico de Baleares (Simebal), Miguel Lázaro, ha denunciado que «no es una congelación, es un recorte en toda regla», así como también «una treta más que reprobable». Lázaro ha anunciado, además, que Simebal impugnará la medida anunciada por el Govern por vía judicial. «Los médicos no se merecen esto, se están dejando la piel en esta pandemia», ha recalcado. En un sentido igualmente crítico se ha expresado el sindicato STEI, que denuncia que Baleares será la única comunidad en la que los funcionarios autonómicos no recibirán el incremento salarial del 2% que estaba ya previsto a principios de este año.
Source: ABC