El Grupo de Trabajo Mixto Covid-19 coordinado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) propone el establecimiento de un recargo temporal en el IRPF para financiar los gastos públicos relacionados con la pandemia de coronavirus. En un informe publicado este lunes, el grupo de expertos identifica las medidas tributarias que, en su opinión, deberían ponerse en marcha en España y que divide en temporales para sufragar los costes de la epidemia y permanentes para resolver el desfase entre ingresos y gastos que el país arrastra desde hace años.
Las medidas temporales o «coronatributos» pasan por un recargo en el IRPF por un tiempo limitado en función de la evolución de las cuentas públicas, con un tramo exento que tenga en cuenta la situación de los colectivos más afectados por la crisis y que podría completarse con una subida temporal del IVA.
En cambio, los expertos rechazan la puesta en marcha de un impuesto sobre la riqueza porque carga el coste de la crisis sobre un colectivo concreto, el mismo motivo por el que critican la posibilidad de un recargo extraordinario sobre el impuesto de sociedades, que además podría afectar a las decisiones de inversión y a los propios salarios de los trabajadores.
En las medidas de carácter temporal o transitorio que propone el documento, los autores proponen el uso de los «coronatributos» con el fin de ayudar a financiar de una forma «equitativa» los gastos extraordinarios generados por la pandemia, incluyendo las «necesarias medidas» de protección social y reactivación.
En el segundo grupo se incluirían medidas de carácter estructural y permanente, dirigidas a conseguir un saneamiento estable y duradero de las finanzas públicas y a sentar las bases de un crecimiento «sólido e integrador». Asimismo, Fedea indica que ambos tipos de medidas han de plantearse en combinación con iniciativas de «racionalización del gasto público».
En relación con el primer bloque, los expertos considera que el «coronatributo más justo y más sencillo» sería un recargo extraordinario en el IRPF, que estaría vigente durante un período limitado hasta alcanzar un cierto equilibrio en las finanzas públicas.
Este recargo podría articularse de forma similar a las tarifas complementarias aplicadas entre 2012 y 2014, aunque Fedea advierte de que su fecha de introducción debería estudiarse «con cuidado» para evitar frenar el inicio de la recuperación económica.
En cuanto a las medidas estructurales y más a largo plazo, su objetivo sería equilibrar del modo «más eficiente posible» la brecha estructural entre ingresos y gastos públicos, que los autores cifran en 35.000 millones de euros con datos de 2019.
Eliminar beneficios fiscales
Para ello, proponen una «reforma integral del sistema fiscal», que se diseñe «cuanto antes» y que debería ser fruto «de un amplio pacto entre las fuerzas políticas y los agentes sociales». «Si fuera preciso, su entrada en vigor podría ser gradual, según las exigencias que puedan derivarse del desempeño de las variables macroeconómicas», subraya el documento.
En concreto, Fedea propone evaluar «de forma exhaustiva» y con criterios de «eficiencia y efectividad» todos los beneficios fiscales (exenciones, reducciones, deducciones, bonificaciones, tipos reducidos, etc.) que reducen el gravamen efectivo de los principales impuestos, como el IRPF, IVA e Impuesto sobre Sociedades. «La eliminación de algunos de estos beneficios podría generar un volumen importante de ingresos y contribuir a reducir las ineficiencias asociadas con esos impuestos», destaca el documento.
Asimismo, Fedea asegura que también puede ser un «buen momento» para eliminar el régimen de estimación objetiva (conocido como tributación en módulos) de los rendimientos de actividades económicas en el IRPF y, en paralelo, el régimen simplificado del IVA, por lo que tributan muchos autónomos.
«Resulta igualmente ineludible la reforma del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones», subraya Fedea, que aboga también por aproximar los tipos de gravamen sobre bebidas alcohólicas, labores del tabaco y combustibles fósiles a los establecidos en los principales países de la Unión Europea.
En la misma línea, pide aprovechar el recorrido que todavía tienen los impuestos medioambientales, aumentar los ingresos públicos basados en el principio de beneficio (tasas, precios públicos, copagos, etc.) y continuar reforzando la lucha contra la economía sumergida, la evasión y la elusión fiscal
Source: ABC