Con teletrabajo o por videconferencia, Hacienda mantiene la vigilancia sobre el fraude fiscal y ayer presentó los resultados de la lucha contra la economía sumergida de 2019. Durante el año pasado recaudó 15.715 millones de euros por este concepto, un 4,1% más que los 15.089 de 2018, tras desplegar 27.600 actuaciones de control.
Las líneas prioritarias de la Agencia Tributaria se dejan ver en las cifras que obtuvo el año pasado. Por ejemplo, el Fisco cobró 608 millones de euros por 880 expedientes abiertos a grandes patrimonios, un 75% más de aumento frente a los recabados entre este colectivo el año anterior. Además como efecto inducido de estas actuaciones de comprobación, estos contribuyentes declararon un 16% más en IRPF y pagaron un 13% más de impuesto, destaca la Agencia Tributaria. El Fisco creó en 2018 la Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes, con un censo de obligados tributarios de alta capacidad económica. En dos años el crecimiento en los expedientes cerrados ha sido del 156%.
Otra de las apuestas de la Agencia Tributaria fue estrechar el cerco sobre los alquileres en negro, a través de avisos en la declaración de la Renta o obligando a declarar a los arrendadores de Airbnb y plataformas similares. Pues bien, en los últimos cuatro años desde que comenzaron a producirse estos «avisos», el número de declarantes de ingresos por arrendar inmuebles ha aumentado en 228.000, de los que 106.000 comenzaron a declarar por primera vez en el último año 1.284 millones de euros en rendimientos de este tipo.
En los cuatro últimos años de avisos, la Agencia Tributaria recuerda que las bases imponibles en rendimientos de capital inmobiliario han aumentado en 2.630 millones de euros desde que procedió a realizar estos avisos por posibles alquileres en negro en la declaración de la Renta. Esto representa el 40% del incremento total de declarantes y un 47% de las cantidades afloradas desde 2015. Hacienda ha remitido 1,5 millones de avisos en la declaración de la Renta de 2019, presentada este año, y 700.000 en 2019.
La Agencia Tributaria da también por primera vez resultados del programa de intercambio de información de cuentas bancarias con el extranjero (Common Reporting Standard), que aplicó desde 2017 la OCDE. El Fisco cobró el año pasado 293 millones de euros a 669 españoles con cuenta bancaria en el extranjero por la información que le suministraron las haciendas de otros países.
De esta forma, desde que entró en vigor el programa, se han cobrado 435 millones de euros a 1.200 españoles con cuenta bancaria en el extranjero «de los que se había obtenido información a través de mecanismos de información internacional (CRS, DAC2 o FATCA)». Asimismo, en los dos últimos años se liquidaron a contribuyentes con tarjetas offshore casi 80 millones de euros de los cuales 58 corresponden a 2019.
Además, el Fisco ha desplegado 2.927 actuaciones inspectores en las que ha descubiertos ventas ocultas, por las que en 2019 recaudó 674 millones de euros. En cuanto a los expedientes tramitados a raíz de denuncias ciudadanas anónimas, se abrieron 15.536 inspecciones, un 3,8% más que en 2018. Como consecuencia se presentaron 3.615 actas a 1.392 contribuyentes por las que se liquidaron algo más de cien millones de euros.
Deuda pendiente de pago
Eso sí, la deuda pendiente de pago experimentó su primer repunte desde 2014, al aumentar un 2.7% hasta los 42.770 millones. El Fisco achaca este incremento a «la entrada de deudas de otros entes, relacionadas con deudores condenados por actos de terrorismo (indemnizaciones a víctimas abonadas por el Estado)».
Hacienda señala que el año pasado se produjo «un cargo extraordinario» por este concepto de 1.300 millones –más de quince veces el cargo equivalente del año anterior– que «en buena medida se acabarán cancelando en el futuro por imposibilidad manifiesta de cobro». De los 42.770 millones, el 62% de la deuda está suspendida por recursos mientras que el 24% está paralizada por proceso concursal, aplazada o en compensación.
Source: ABC