La deuda del Estado español alcanzó el pasado mes de abril un nuevo máximo histórico de 1.234.694 millones de euros, situándose en el 99% del PIB. En solo un mes el agujero se incrementó en casi 10.000 millones de euros por los efectos de la pandemia y todo apunta que esto es solo un suma y sigue y que podría llegar hasta el 115% o incluso el 120% del PIB al cierre de este año o del próximo. Es cierto que otros países europeos están en situaciones similares: la deuda en Francia supera el 100%, y la italiana cerró el año pasado en el 135%, pero eso no significa que esa tendencia sea muy peligrosa y signifique sí o sí una pesada carga para las generaciones futuras.
El hecho de que sea un problema compartido al menos con los países del sur de Europa resta algo de dramatismo a la situación. A diferencia de lo que ocurrió en la pasada crisis financiera, la actuación del Banco Central Europeo (BCE) y sus programas de compra masiva de deuda no ha provocado que se dispare la prima de riesgo de los países del sur, como sí ocurrió entonces, y está evitando que se encarezca el coste de la misma. Probablemente la señora Calviño no tiene hoy los desvelos que confesaba Luis de Guindos en el año 2012 por el temor a que la subasta de deuda del día siguiente quedara desierta. Ni tendrá que descolgar algún que otro teléfono para pedir a los presidentes de los bancos españoles que acudieran a la subasta y echasen un mano… esa parte al menos está solucionada. La autoridad monetaria ha aprendido la lección. No sé lo que habrá influido en este aprendizaje el hecho de que el entonces vicepresidente económico español sea ahora el vicepresidente del BCE, pero está claro que al menos se está evitando ese quebradero de cabeza a los gobiernos de los países más endeudados en este momento, que pueden centrarse así en atajar la crisis desde otros ángulos.
Pero la tregua no será eterna. Por mucho que se insista, algunos de manera especialmente interesada, en que de esta crisis no saldremos, como de la financiera, con ajustes, lo cierto es que de un modo u otro habrá que reconducir la situación para que cada país ajuste sus ingresos a sus gastos, de igual modo que lo hacen las empresas o las familias. Es el momento de gastar, pero no comprometiendo recursos de manera estructural, sino de poner encima de la mesa planes que aunque ahora supongan un incremento del déficit y de la deuda, garanticen el mantenimiento de la actividad y de los ingresos en el medio y largo plazo. Quizás por eso hay tanto desencanto en el mundo empresarial con los recientes planes anunciados para el sector turístico, que se quedan muy cortos comparados con los aplicados por otros países en los que, junto a ayudas al empleo y créditos blandos, se incluyen rebajas del IVA a las actividades del sector, o incluso reparto de bonos entre los ciudadanos para que se queden de vacaciones en su país y utilicen sus establecimientos hoteleros.
No obstante, y a pesar de las limitaciones en las ayudas a las empresas, lo cierto es que la deuda se está disparando y que estamos dejando una pesada herencia a las generaciones futuras. Y no sería excesivamente preocupante si esa deuda se utilizara para realizar inversiones en infraestructuras, en digitalización, en medioambiente… También se entendería un incremento puntual para pagar los ERTE y evitar la destrucción de empleo. El problema, y lo que temen los países europeos más reacios a dar subvenciones a fondo perdido a España, es que se usen esos fondos para ensanchar el sector público y aumentar de forma estructural y permanente el gasto.
Las cifras: la deuda pública española aumentó en 10.000 millones en abril, hasta los 1,23 billones de euros, cerca del 100% del PIB y, según la OCDE, si hubiera un rebrote podría dispararse por encima del 129%. Lejos queda aquel 35% con que se cerró 2007, en vísperas de la crisis financiera.
«Para hacer obra social hay que ganar dinero»
La cumbre empresarial organizada por la CEOE para que los principales empresarios del país aporten sus ideas para superar la situación actual está dejando propuestas pero también reflexiones que quizás no cuadran demasiado con el pensamiento único que parece querer imponer este Gobierno pero que son, ante todo lógica. El viernes escuchamos decir al presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, Isidro Fainé, que «para hacer obra social hay que ganar dinero». Y el presidente de la Liga, Javier Tebas, hacía otra afirmación con la que no puedo estar más de acuerdo: «La mejor renta vital es un puesto de trabajo». El que quiera oír que oiga, no sea que luego nos tengamos que lamentar.
Source: ABC