El arresto domiciliario que recibieron cientos de presos por pertenecer a grupos de riesgo en medio de la pandemia de coronavirus en Argentina genera un amplio debate por el rechazo de familiares de víctimas y la advertencia del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, de iniciar juicio político a los magistrados que lo avalen.
La salida de los presos de la cárcel desata preocupación tanto en las autoridades como en la sociedad y en la redes se multiplicaron las convocatorias a un «cacerolazo» este jueves en repudio al accionar judicial.
El presidente de Argentina, el peronista Alberto Fernández, avaló días atrás el beneficio para los reclusos en grupos de riesgo porque «la cárcel es un lugar de concentración humana muy riesgosa donde el contagio puede darse con mucha facilidad» y recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) «recomienda desde detención domiciliaria hasta libertades restringidas» para estos casos.
Hasta el momento, se estima que en todo el país cerca de 1.300 presos obtuvieron el beneficio de arresto domiciliario por la pandemia de la COVID-19, en el marco de un sistema carcelario con superpoblación y en el que gran parte de los reclusos debe pagar sus condenas en condiciones de hacinamiento.//EFE
Source: Meridiano