Las peluquerías y las tintorerías son de los negocios más perjudicados por el estado de alarma. Las primeras han padecido una gran inseguridad jurídica en el comienzo de la epidemia (en un primer momento se permitió que siguieran abiertas) mientras que las segundas están sufriendo una caída brutal de la clientela pese a contar con permiso para seguir operando.
El pasado 14 de marzo, a las pocas horas de conocerse el contenido del Real Decreto sobre el estado de alarma, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ordenó el cierre de las peluquerías para prevenir contagios pese a que el Gobierno aprobó lo contrario. Esa decisión molestó al Ejecutivo, que al final tuvo que corregir el punto 10.1. de su Real Decreto para reducir la actividad de los peluqueros al servicio a domicilio.
La formulación final de dicho precepto fue, finalmente, la que sigue: «Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, sanitarios, centros o clínicas veterinarias, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías, lavanderías y el ejercicio profesional de la actividad de peluquería a domicilio».
Otro caso parecido es el de las tintorerías. Pese a estar permitida su actividad en el Real Decreto del estado de alarma, en Madrid apenas siguen abiertas las que son de autoservicio. «La facturación ha bajado un 70 por ciento, también el volumen de ropa», explicaban a ABC desde el punto de información telefónica de Lavaexprés, que mantiene abiertos casi una decena de locales en la capital. Estos negocios están pasando muchas dificultades.
Al ser considerado un servicio esencial, no pueden acogerse a los ERTE con condiciones ventajosas aprobados por el Gobierno. Su situación es crítica: pueden trabajar, pero apenas ingresan, quedándose en un limbo legal que agrava una situación de por sí compleja. «Tengo tres tintorerías y tres empleadas –escribía hace unos días en ABC Olga Soriano, empresaria–. Me pongo en contacto con ustedes para decirles que nuestro servicio no es imprescindible y que estamos expuestos a un riesgo innecesario. A los locales por estos días no entra nadie, nadie, y por tanto tampoco tenemos ingresos. Les pido que las cierren, por seguridad nuestra y de nuestros trabajadores».
«Nuestro sector –añadía– está conformado por distintas empresas dedicadas a diferentes tipos de servicios. Por un lado, las que se dedican al lavado y limpieza industrial y, por otro, las que sirven al cuidado de prendas personales. Estamos bajo el mismo epígrafe, pero trabajamos en servicios y protocolos diferentes».
Son precisamente estas últimas, las que se dedican al cuidado de prendas personales y no al lavado de material sanitario, las que más están sufriendo.
Source: ABC