El Gobierno estima que la andanada de medidas económicas aprobadas para atajar la crisis de coronavirus tendrá un coste para el erario público de 5.000 millones de euros, a través de mayores gastos y menores ingresos. Así lo cifran fuentes del Ejecutivo, que insisten que se trata de una cifra orientativa que dependerá fuertemente de la evolución que siga la economía española en las próximas semanas. Una buena parte de este montante proviene de las menores cotizaciones y el mayor gasto en desempleo a los que se acojan a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
Todo dependerá de cuántas empresas se acogen a estos incentivos para evitar la destrucción de trabajos, cuántos de los avales acaban siendo desembolsados por el Estado (los 100.000 millones de euros de avales públicos no tienen impacto presupuestario inmediato, pero sí en caso de que se acojan a esta financiación con garantía pública empresas que luego quiebren), o cuántos aplazamientos de impuestos no se desembolsan finalmente. Por tanto se trata de un cálculo móvil.
Parael gasto en paro que se ofrecen a los afectados por ERTE y que no hayan cotizado lo suficiente, será el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) el que asuma de momento el pago de las prestaciones por lo que se carga a los Presupuestos Generales del Estado, si bien desde el Gobierno se estudia crear un fondo específico.
Como fuere, varias medidas se han quedado en el tintero y finalmente no han formado parte del decreto que ha aprobado el Gobierno. Entre ellas, la nueva prestación para ayudar a los padres al cuidado de los niños ante el cierre de los colegios que anunció el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Desde el Ejecutivo apuntan que se ha postergado la urgencia de esta medida para potenciar el teletrabajo y las reducciones de jornada, aunque sigue en estudio.
Hacienda pagará a los proveedores
La idea del Gobierno es tratar de contener el impacto económico de la crisis del coronavirus en un primer momento para aprobar estímulos en una segunda fase, que garantice la recuperación tras el parón de la actividad. Por ello, la ideal del Gobierno es aplazar la subida de impuestos en el albero.
En esta fase de contención, el Ministerio de Hacienda va a garantizar el cobro de proveedores sin que suba la demora en el pago de las administraciones. La intención es que no se produzca un efecto dominó de morosidad pública que acabe acelerando el cierre de empresas, como ocurrió en la última crisis, cuando se aprobó el Plan de Pago a Proveedores para evitar esto.
Source: ABC