La maquinaria para poner en marcha los Presupuestos, gran prueba de fuego de la legislatura, con los que el Gobierno quiere enterrar las eternas cuentas del exministro Cristóbal Montoro, comienza a calentar motores. El Congreso de los Diputados recibe esta semana iniciativas clave para la tramitación de las nuevas cuentas: por un lado, la nueva –y más flexible– senda de estabilidad, con el llamado «techo de gasto», al que el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere dar luz verde el jueves, y por otro, hoy mismo, el debate de admisión a trámite de una proposición de ley para reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, con la que los socialistas quieren eliminar el veto que actualmente ostenta el Senado sobre la senda de desequilibrio. Un obstáculo que impidió en la anterior legislatura que el Ejecutivo pudiera sacar las metas de déficit que pretendía.
La iniciativa de modificar esta ley pasará previsiblemente sin problema el trámite parlamentario, aunque se topará con el rechazo del PP y Vox. Será la segunda vez que el PSOE busca revertir la reforma del Gobierno de Mariano Rajoy, después de que en 2018 lo intentara junto a Unidas Podemos y ERC para facilitar la aprobación del techo de gasto del Gobierno de Pedro Sánchez. La mayoría del PP y Ciudadanos en la Mesa del Congreso rechazó la iniciativa y finalmente el Senado tumbó el aumento del techo de gasto pactado en el acuerdo presupuestario que habían firmado el PSOE y Podemos. En esta ocasión no se descarta la posibilidad de que el PSOE solicite la tramitación por la vía de urgencia, aunque lo cierto es que el Gobierno de coalición sí que podría lograr una mayoría simple en el Senado si logra atraer a los grupos que facilitaron la investidura de Sánchez.
El debate más bronco se espera, no obstante, para el jueves, momento en que se debatirá el techo de gasto y al que el Gobierno acude sin tener amarrado el apoyo necesario –o al menos la abstención– de ERC. El límite de gasto no financiero de 127.609 millones de euros para 2020 y el nuevo objetivo de déficit del 1,8% del PIB para este año, que implica una relajación de 1,3 puntos frente al 0,5% vigente del Gobierno de Mariano Rajoy, es el paso previo e indispensable para que el Ejecutivo pueda poner en marcha la elaboración de las nuevas cuentas.
Y lo cierto es que tanto ERC como JxCAT ya avanzaron la semana pasada durante la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que la no devolución del IVA pendiente de 2017 dibuja un mal comienzo para la negociación. «Será difícil, tal y como veo el patio. O arreglan el tema del IVA o pueden no arreglar los Presupuestos», le advirtió el diputado independentista Ferran Bel.
Entonces Montero le recriminó que su grupo no apoyara las cuentas de 2019, que solucionaban los 2.500 millones de euros del IVA pendientes. Ello anticipa un tira y aloja entre ambas partes, pese a que la senda de déficit relaja los objetivos para las comunidades, del «déficit cero» previsto antes a dos décimas de meta que bajan a una en 2021 y postergan dos años el equilibrio.
Como fuere, si se aprueba la senda, el siguiente paso será que Hacienda convoque un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera para que las regiones voten sus objetivos individuales. Hacienda prevé que sea el mismo para todas, pero la Airef recomienda que sean metas distintas, algo a lo que Madrid se opone. Y, en pleno pulso con la financiación autonómica, volverá a estallar la guerra entre regiones y Ministerio.
Source: ABC