El Gobierno quiere acelerar la aprobación del próximo modelo de financiación autonómica y se ha marcado noviembre como fecha límite para tener un primer esbozo del futuro marco. La ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha anunciado esta tarde en la Comisión del ramo del Congreso de los Diputados que abrirá «de forma inmediata la reforma de la financiación autonómica y local». Para ello, cuenta con «tener un primer esqueleto para noviembre de este año». Ante el diputado de Compromís, Joan Baldoví, después la ministra ha señalado que se intentará tenerlo antes, quizá «para octubre».
Montero ha defendido un modelo de financiación «que garantice la igualdad de oportunidades» y presentará «una propuesta de armonización de impuestos cedidos para que se atenúen situaciones de competencia desleal o de dumping entre comunidades». Todo un ataque velado al modelo de la Comunidad de Madrid y otras regiones que anticipa que proseguirá el pulso entre las comunidades y el Ministerio.
Hacienda defiende que tributos como Sucesiones o Patrimonio sean mayores en regiones con una presión fiscal baja como Madrid, lo que ha provocado la oposición de las comunidades gobernadas por el PP, que defienden la autonomía fiscal de las regiones para subir o bajar los tributos. Antes como consejera de Andalucía y ahora como ministra, Montero siempre ha defendido limitar esta competencia a las regiones y se ha enfrentado a Madrid en varias ocasiones por ello.
«Madrid puede bajar impuestos porque es la capital de España, y tiene más recursos que otras regiones de España. Esa bajada de impuestos es competencia desleal», ha llegado a decir Montero. De esta forma, pese a que la ministra ha mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo con el PP para reformar el modelo, las posturas parecen enfrentadas.
Asimismo, ha apostado por reducir «las diferencias de financiación por habitante» entre comunidades. Las palabras de Montero también han molestado a regiones como Cantabria, que entre las comunidades de régimen común sale como una de las que cuentan con mayor financiación por habitante. «En mi comunidad no tenemos una televisión pública, no tenemos embajadas y claro, quizá por esto no tengamos tanto gasto y esto hay que tenerlo en cuenta», ha arremetido el diputado del Partido Regionalista Cántabro, José María Mazón.
Para calcular las necesidades de las regiones, Montero ha abundado que pondrá en marcha tres grupos de trabajo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre gasto en Educación, Sanidad y Dependencia, ya que Montero ha abogado por otorgar «más recursos» a las regiones. Hace dos años, la ministra calculaba que las comunidades autónomas necesitaban 16.000 millones más de euros al año.
Lucha contra el fraude
Durante su comparecencia, la ministra también ha desvelado que la recaudación de la Agencia Tributaria por la lucha contra el fraude en 2019 superó los 15.700 millones de euros, un 4,1% más. De cara al futuro, la titular de Hacienda ha anunciado que próximamente aprobará el proyecto de ley de medidas antifraude que, entre otras, fijarán referencias catastrales para las operaciones en Sucesiones y Transmisiones Patrimoniales, en lo que, según la diputada de Vox, Inés Cañizares, supondrá un aumento de la factura fiscal en estas operaciones.
El proyecto de ley también bajará el umbral de deuda fiscal pendiente para entrar en la lista de morosos de un millón a 600.000 euros y que también incluirá los responsables solidarios de empresas que acumulen facturas pendientes con Hacienda de estos importes.
Reforma fiscal en 2021
Asimismo, ha abierto la puerta a reducir bonificaciones y gasto público. «Incorporaremos en 2021 los informes de la Autoridad Fiscal de ‘spending review’ -evaluación del gasto- como documentos de apoyo para la reforma fiscal que vamos a aprobar», ha aseverado. El organismo está revisando bonificaciones en el IVA, IRPF, Sociedades (que ahora reducen la recaudación en 57.187 millones de euros), cotizaciones sociales, además de gasto hospitalario, en infraestructuras y bienes de equipo.
Para el corto plazo, Montero ha señalado que su intención es aprobar los Presupuestos Generales de 2020, para antes de verano, lo que supone acelerar los plazos anunciados. Unas cuentas que, en sus palabras, contendrán la subida de dos y cuatro puntos en el IRPF a las 92.000 personas que ganan más de 130.000 y 300.000 euros respectivamente, de cuatro puntos para los ingresos del capital mayores a 140.000 euros además de la fijación de un tipo mínimo del 15% en Sociedades para las grandes empresas que se complementará con una rebaja de dos puntos del tipo para las pymes.
Más impuestos verdes
Pero además, la ministra ha sugerido posibles incrementos de impuestos verdes al señalar que en los próximos días abrirá «el debate sobre el papel de la fiscalidad medioambiental mediante documentos sometidos a consultas públicas».
Montero ha abogado por seguir las recomendaciones de la Comisión Europea, que en varias ocasiones ha pedido a España elevar su fiscalidad verde para elevar el peso de los ingresos públicos de estos impuestos del 1,83% del PIB al 2,2% de media continental. Montero ha defendido más impuestos que desincentiven «conductas perjudiciales para el medio ambiente y la sanidad», aunque no ha abundado más. En el anterior proyecto de Presupuestos en 2019, Hacienda incluyó la subida del impuesto al diésel para ir homologándolo al de la gasolina.
Unos Presupuestos con más gasto
Las cuentas también incluirán más gasto en Educación, con el objetivo de elevarlo del 4,2% del PIB al 5% en 2025, inversiones en infraestructuras y en Dependencia. Hacienda, además, será más permisiva con el desembolso de comunidades y entidades locales y flexibilizará la regla de gasto, el corsé que limita el crecimiento de esta rúbrica a una tasa ligada al crecimiento económico.
Source: ABC