El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado este lunes, a instancias de Fiscalía Anticorrupción, levantar el secreto de actuaciones con que se venía investigando desde el 4 de diciembre de 2018 la relación de contratos entre el BBVA y las empresas del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Vilarejo, según el auto al que ha tenido acceso ABC.
Se trata de la pieza número 9 de esta macro causa que acumula ya más de una veintena de líneas de investigación, la mayoría de las cuales se siguen bajo secreto. El origen está tanto en la documentación y los audios intervenidos al comisario a su detención en noviembre de 2017 como en el material que han venido difundiendo al respecto moncloa.com y El confidencial.
En total, se investigan 13 años de contratos por importe de 10.284.689,30 euros, tal y como detalla el auto, por «el desarrollo de múltiples servicios de inteligencia y/o de investigación de carácter patrimonial, de carácter ilícito atendida la incompatibilidad de los encargos asumidos por su entramado empresarial Grupo CENYT con su condición de funcionario policial en activo (delito de cohecho pasivo)».
«El desarrollo de la prestación de los servicios contratados, implicó una reiterada injerencia en los derechos fundamentales de las personas mediante el acceso a sus comunicaciones, mediante seguimientos personales o mediante el acceso a su documentación bancaria (múltiples delitos de descubrimiento y revelación de secretos)», señala el juez.
Estos contratos abarcan tareas diversas, como el espionaje a la asociación Ausbanc, a políticos, empresarios y periodistas o el intento de desactivar la entrada de Sacyr en el consejo de administración del banco, según los investigadores.
Durante este año largo de pesquisas, el juez ha llamado a declarar por presuntos delitos de cohecho activo, revelación de secretos y corrupción en los negocios a la propia entidad financiera en calidad de persona jurídica, a su expresidente Francisco González y a una docena de directivos y ex directivos, incluidos el que fuera jefe de Seguridad, Julio Corrochano, el único sobre el que se ha impuesto fianza como medida cautelar: 300.000 euros.
De hecho, conforme explica el auto, los directivos de la entidad bancaria responsables de los contratos no han sido «plenamente identificados en aquella fecha, salvo su responsable de Seguridad Corporativa Julio Corrochano, también antiguo miembro del Cuerpo Nacional de Policía».
Asimismo, la lista de investigados incluye al consejero delegado hasta 2015, Ángel Cano, a la que sustituyó a Corrochano en el cargo Inés Díaz Ochagavia, al jefe de grupo en el equipo de Seguridad del banco Nazario Campo Campuzano; y el director de Red Banca Comercial en la entidad Ignacio Pérez Caballero.
También se dirigen las actuaciones contra el ex jefe de Riesgos para España y Portugal y después responsable de BBVA Real Estate Antonio Béjar González, al miembro hasta 2018 del Comité de Dirección de la entidad financiera Ricardo Gómez Barredo y a su ex director de Finanzas, Javier Malagón Navas.
Se da la circunstancia de que todos a excepción de Francisco González, la propia entidad financiera y Antonio Béjar, se han acogido a su derecho a no prestar declaración ante el juez y los fiscales por estar bajo secreto la causa, circunstancia que cambia a partir de este mismo lunes, cuando todas las partes personadas podrán solicitar acceso al material, que ya se encuentra digitalizado, según las fuentes consultadas por ABC.
No obstante, uno de los primeros impactos de esta medida estará en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional estos días contra el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, para quien Fiscalía pide más de un centenar de años de cárcel por delitos de extorsión, dado que los investigadores sospechan que la denuncia que desencadenó el procedimiento contra él fue presentada por el propio Villarejo de forma anónima en uno de sus ‘trabajos’ para el BBVA.
Source: ABC