La rebelión judicial de las comunidades autónomas contra el Ministerio de Hacienda y los 2.500 millones de IVA pendientes de recaudar se extiende también entre las comunidades gobernadas por el PSOE. Después de que Cataluña (443 millones pendientes), Madrid (377), Andalucía (537), Galicia (200) y Murcia (85) interpusieran recursos o anunciaran que acudirían a los tribunales, hoy ha sido Castilla-La Mancha la que se ha unido a la rebelión, en lo que se trata de la primera comunidad socialista.
Su presidente, Emiliano García-Page, ha confirmado que mañana autorizará a la Junta a presentar «los recursos jurídicos» que hayan lugar. García-Page puso hace una semana un ultimátum hasta el día de hoy para que Hacienda repartiera a su región los 130 millones que el Estado le adeuda por la liquidación del IVA de 2017. García-Page ha apuntado esta mañana en la presentación de unas «Lanzaderas de empleo» que se debe a los intereses de su comunidad antes que al partido. Fin del ultimátum. <iframe width=»497″ height=»502″ seamless frameborder=»0″ scrolling=»no» src=»https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQsptWoYd-A1F3xuAcmGZuXBaEBdWZBRKuGP9_e7tqsPP9z6pCAr1fE03h0wtGLcmm9wC5JZR1UDHbU/pubchart?oid=1935030506&format=interactive»></iframe>
No es la única región socialista que puede sumarse. Asturias (75) y Aragón (80) ya han amenazado con interponer sendos recursos si no hay una solución antes.
Un escenario que parece lejano: la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ha aseverado a la Cadena Ser que «no ve factible» que le Gobierno abone la mensualidad pendiente este año. Misma posición que tiene Hacienda. Baleares (con 78 millones pendientes) no descarta ninguna vía, mientras que la Comunidad Valenciana, sin hablar aún de acciones judiciales, también ha manifestado su malestar.
Negativa de Hacienda
La problemática deriva de una medida que adoptó en 2017 el Ministerio de Hacienda que entonces comandaba Cristóbal Montoro. Al aprobar la declaración informatizada del IVA (el Sistema Inmediato de Información), la fecha de tributación para las empresas se atrasó para permitirles adaptarse al nuevo sistema, lo que provocó que en dicho año, a efectos de caja, se recaudaran solo once meses.
Como las comunidades perciben el 50% de los ingresos del gravamen, en 2017 el Estado cubrió la parte de las comunidades, pero el modelo de financiación indica que a dos años vista el Ejecutivo liquida las diferencias frente al reparto de ingresos previstos que el Gobierno Central distribuye. En 2019, llegó la liquidación y dejó a las comunidades con 2.500 millones de ingresos menos fruto de esta decisión de 2017.
El Estado: 13 meses de IVA; las CC.AA, once
De esta forma, el Estado cobró en caja diez meses de ingresos de recaudación en 2017, frente a los doce de las comunidades. En 2019, el Estado al hacer la liquidación de 2017, se quedó con 13 meses de recaudación del gravamen –una de ellas fruto de la de 2017 de menos que percibió– y las comunidades, con once.
En términos de devengo, que es el que se toma en cuenta para el déficit y la contabilidad nacional, este efecto deja a las regiones con más déficit en 2019 y al Estado, con menos debido a los mayores y menores recursos respectivamente, si bien en total no tiene impacto sobre el déficit del conjunto de las administraciones ya que lo que pierden las regiones lo gana el Gobierno Central. Estos 2.500 millones son equivalentes a dos décimas del PIB de mayor o menor desequilibrio. Por ello, algunas regiones como Andalucía piden suavizar los objetivos fiscales de las regiones de 2019 para así incluir las consecuencias de esta situación.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, incluyó dentro del proyecto de Presupuestos de 2019 una reforma del IVA para volver a adelantar la fecha de ingreso, y así dar a las regiones una mensualidad más que compensara la liquidación. Sin embargo, el Congreso no aprobó las cuentas, en lo que precipitó la convocatoria de elecciones. Ahora Montero rechaza abonar esta mensualidad, ya que al haber acabado 2019, ya no iba a repartir este montante a las regiones pues habían pasado los dos años pertinentes para dirimir las diferencias del modelo de financiación de 2017. La ministra, además, recuerda que el PP votó en contra de los Presupuestos.
Source: ABC